El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Alejandro Montás, sometió un proyecto de modificación al artículo 33 de  la ley 72-02, sobre Lavado de Activos, para que la secretaría de Educación reciba 20% de los bienes decomisados al narcotráfico y los destine a desarrollar programas de prevención.

La medida busca gestionar una entrada adicional de recursos para la cartera educativa, como forma de contrarrestar el incumplimiento de la asignación de un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) como ordena la Ley General de Educación.

 “Consideramos que ante las dificultades presupuestarias para dar cumplimiento a la disposición de la Ley 66-97, orgánica de Educación, según la cual el gasto público anual en Educación debe alcanzar un mínimo de 16 porciento, se hace necesario plantearse otras medidas complementarias que aporten esos recursos”, afirma el congresista.

De acuerdo con el proyecto, se destinaría 20% de los bienes incautados por  tráfico ilícito de drogas a la secretaría de Educación; 25% a las instituciones para regeneración de adictos; 40% a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y 15% al Consejo Nacional de Drogas (CND).

Esto supone un aumento de 10% en los recursos para instituciones que trabajan en la regeneración de adictos y reducción de 10% a la DNCD y al CND, con relación a lo que establece la ley vigente sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y sustancias Controladas.

La  modificación a la ley 72-02 incluye los acápites a y b del artículo 33, de manera que la secretaría de Educación además recibiría  16% de los bienes decomisados por las demás infracciones contempladas en la normativa, dejando el restante 50% para ser repartido entre las instituciones reformadoras,  DNCD y el CND y 34% para el Fondo General de la Nación. 

Mal uso

La propuesta de Montás se fundamenta además en que, hasta el momento, el sistema educativo y la sociedad no  se han beneficiado de la “acción represiva y persecutoria” de la DNCD, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ya que “muchos de los bienes incautados a los narcotraficantes están siendo utilizados por particulares que nada aportan a la prevención ni a la lucha contra ese terrible flagelo”, sostiene.

Asímismo, en sus considerandos, el proyecto de modificación a la ley 72-02 se fundamenta en que la secretaría de Educación reune las condiciones para ser considerada de los beneficiarios del reparto de los bienes decomisados al narcotráfico, por sus fines, competencias y responsabilidades.

Las claves

1. Incumplen ley

El proyecto que plantea entregar parte de los bienes incautados a la secretaría de Educación, busc amortiguar la violación a la ley general de Educación, en materia del presupuesto de ese sector.

2.  Cuestionamientos

Varios sectores de la sociedad han cuestionado el destino que se da a los bienes incautados del narcotráfico, y alegan que parte de ellos caen en manos de particulares..