POR PEDRO GERMOSEN
El presidente Leonel Fernández sometió al Senado un Proyecto de Ley de los Símbolos Patrios que unifica la legislación sobre la materia, dispone la enseñanza de Moral y Cívica y el restablecimiento de valores ciudadanos que den brillo a la identidad nacional.

La pieza legislativa sobre la Bandera, el Escudo y el Himno nacionales, fue remitida a estudio de la comisión de Educación y Cultura del organismo legislativo.

El mandatario expresa en la comunicación anexa que el proyecto es una propuesta de la Academia Dominicana de la Historia que ha concitado el respaldo y consenso de los organismos consultados al respecto.

Señala que las normas vigentes resultan dispersas, obsoletas y contradictorias, por lo que demandan de un régimen legal que revalorice dichos símbolos al tiempo que renueve la significación de los mismos en momentos en que toda la sociedad reclama el restablecimiento de valores ciudadanos que den brillo a la identidad nacional.

El artículo 9 del proyecto recuerda que la Bandera Nacional no podrá utilizarse ni total ni parcialmente en promoción o propaganda electoral, política, cultural, deportiva o comercial, ni como distintivo característico de cualquier organización privada.

«Tampoco podrá ser utilizada para cubrir ataúdes de personas fallecidas que no reúnan condiciones de proceridad», expresa el mismo artículo.

Agrega que la Bandera Nacional, en su forma oficial, no podrá reproducirse en ropas, gorras y demás vestuarios ni en ningún otro elemento que denigre su valor patriótico.

«Toda Bandera Nacional deteriorada, rota, descolorida o en mal estado será incinerada. Queda prohibido cortar en pedazos, destruir, echar en la basura o de cualquier otro modo disponer de esas banderas», dispone el artículo 11.

El artículo 19 establece que los currículos escolares y planes de estudio de la escuelas y colegios deberán establecer clases y cursos de cívica, donde se enaltezcan los símbolos patrios.

El artículo 20 dispone que los actos de irrespeto o ultraje a los símbolos patrios y cualquier otra violación a la ley, se considera materia correccional y será castigada con prisión de uno a tres meses y multa de 30 a 50 salarios mínimos o ambas penas a la vez.

La reincidencia, añade, se castigará con hasta el doble de las penas y multas.