Someten a la Junta Central Electoral ante Tribunal Constitucional por cobro de documentos

Someten a la Junta Central Electoral ante Tribunal Constitucional por cobro de documentos

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) depositó hoy por ante el Tribunal Constitucional, una acción de inconstitucionalidad, en contra de una resolución emitida en diciembre del 2012 por la Junta Central Electoral (JCE), que dispone el cobro “excesivo y exorbitante” por la expedición de los actos del estado civil y otros documentos.

La instancia de inconstitucionalidad suscrita y firmada por los juristas Marte Piantini y Trajano Potentini, en calidad de abogados y representantes de la fundación, procura además de anular la norma violatoria a la Constitución y sus principios, suspender en lo inmediato como medida cautelar y precautoria el cobro ilegal de impuestos percibidos por la Junta, por concepto de expedición de los diferentes actos y documentos manejados por la Junta.

Potentini deploró que ese organismo viole las leyes y la Constitución, al establecer impuestos disfrazados de tasas por el acceso y expedición de documentos vitales para el desarrollo de las principales actividades de la población, en lo que califica como una franca y abierta negación y violación a los derechos fundamentales de las personas. 

“Todo parece indicar que la ambición desmedida de lucro y más presupuesto de los actuales miembros de la Junta Central Electoral, los ha llevado a desnaturalizar las funciones de la entidad estatal, al pasar a ser de una institución de servicios a una entidad y maquinaria despiadada de recaudación”, dijo la institución.

Asimismo, la entidad lamentó que cualquiera de los actos del estado civil, y la expedición de otros documentos, unos 129 servicios conforme el tarifario de la Junta, les cueste a los dominicanos entre 300 y hasta 25 mil pesos, además de plazos muy breves para la vigencia o fecha de caducidad de los mismos.

“Todos los años, cifras superiores a los 1,000 millones de pesos, bajo el erróneo y malsano alegato, de que se trata de tasas y no de impuestos, en desconocimiento de que las tasas deben guardar proporción y relación en su costo, con el servicio prestado, procurando estrictamente la sostenibilidad de los mismos, nunca sumas que sobrepasen desproporcionalmente esas expectativas”, precisó.

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