Al considerar que la Cámara de Diputados violó el párrafo de artículo 192 de la Constitución de la República con la presentación de las ternas para la Defensoría del Pueblo, el abogado Juan Bautista Castillo Peña sometió ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad y nulidad de la resolución número 00146 del 23 de marzo del 2021.

En dicha resolución, establece el documento, se envió al Senado los postulantes para la elección del defensor del pueblo. El abogado explicó a Hoy Digital que en el año 2019 quedó abierto el plazo para que los ciudadanos que querían aplicar para la Defensoría del Pueblo, sin embargo, en la Cámara Baja «no lo hicieron nunca».

«Es irregular. Su elección es en base a la violación a la Constitución de la República», aseguró Castillo Peña, quien añadió que con la elección de Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, se violaron los artículos 4, 6, 73 y el párrafo 192 de la Constitución, el cual consagra el Principio de Separación de Poderes, de Supremacía Constitucional y de Legalidad.

Se recuerda que hace varios meses, el Defensor del Pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa, aseguró que duró dos años y medio preparándose para ocupar la posición que ostenta

“Ciertamente cuando tú te preparas para una función tú tienes la capacidad para poder competir y discutir sobre la base de eso», dice Ulloa quien fue escogido al obtener la calificación más alta de 97.44, en la evaluación que realizó la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de 65 aspirantes a Defensor del Pueblo.

Al ser entrevistado en el programa “Dominicana Buenas Noche” que conduce la periodista Lorenny Solano, Ulloa detalló que la institución que dirige asiste a diario a decenas de ciudadanos del todo el país, quienes han visto sus derechos vulnerados, con un servicio basado en los principios de transparencia, accesibilidad, independencia y eficiencia.

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El también presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), recalcó que en su gestión se ha empeñado en que los ciudadanos tengan una institución con la responsabilidad suficiente para dar la cara por ellos y poder fiscalizar lo que les pasa en el día día.

“El defensor del pueblo termina siendo un articulador de situaciones, un resolutor de conflictos y un manejador de crisis. El hecho de ir a fiscalizar es una atribución que la ley nos confiere, por primera vez en la historia del defensor del pueblo se están ejerciendo las inspecciones con informes especiales cuando se emite algún tipo de situaciones”, indicó.

En otro orden, explicó que tal y como lo establece la Ley 19-01 en su artículo 11, que crea el Defensor del Pueblo, él no tiene ninguna afinidad a ningún partido político ni tiene militancia alguna, tras asegurar que «la responsabilidad implica no sólo asumir el discurso sino también la acción».