Sorange Batista
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La Procuraduría de Medio Ambiente manejó más de seis mil casos de agresión a la reserva ecológica nacional, apoderó a los tribunales de  254 de esos y logró sentencia definitiva para dos, en los  tres años que anteceden al actual 2008.

 De acuerdo con estadísticas suministradas por la citada dependencia de la Procuraduría General de la República, dirigida por  Andrés Chalas, las únicas dos sentencias por violación a la ley 64-00  en el periodo descrito,  corresponden a la incursión ilegal en el área protegida del Parque Nacional Lago Enriquillo y la alteración y daños al Parque Nacional Los Haitíses.

Están a la espera del posible tercer fallo a favor del Medio Ambiente que podría emanar en los próximos días de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que conoce en casación un recurso incoado por la parte civil contra la sentencia que descargó a dos ex funcionarios del pasado gobierno por autorizar la introducción del rockash en Samaná.

  De ese mismo delito hay otro expediente en  el departamento judicial de Montecristi, por el material depositado en Manzanillo.

Expedientes
En relación a la poca cantidad de expedientes sometidos a la  justicia  por violación a la normativa medioambiental y legislaciones complementarias,  Chalas explicó que un alto porcentaje de las denuncias son resueltas por las vías alternas previstas en el Código Procesal Penal, y a través de las sanciones administrativas impuestas por la secretaría de Medio Ambiente.

La Procuraduría  para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales está ubicada en el antiguo edificio de la Suprema.

Las claves

Otros sometimientos

 EL síndico municipal de Baní y la empresa Ciramar por la venta y el  arrendamiento de terrenos de Las Dunas. Por agresión a esta reserva también están sometidas otras personas imputadas de construir viviendas en el citado monumento natural.

Altos ejecutivos y representantes legales de las empresas Constructora Bisonó, Zanzíbar, Tenería Bermúdez, Cemento Cibao, Metaloxa y Tecasa.