POR DIEGO PESQUEIRA
Los abogados de los familiares del asesinado fiscal de Sosúa, Puerto Plata, Teódulo Ceballos Peñaló, sometió ayer por ante la Suprema Corte de Justicia a cuatro representantes del Ministerio Público y nueve militares, incluyendo un coronel y cinco tenientes, contra quienes solicitó medidas de coerción, por su participación en el caso.

El fiscal Ceballos Peñaló fue muerto a balazos el 23 de noviembre del pasado año durante un operativo que había sido montado en su contra para apresarlo por alegadamente estar ligado a actividades delictivas.

En torno al sometimiento, los abogados Tomás Castro y César Peña Bonilla, dijeron que remitieron también la querella al procurador general Radhamés Jiménez Peña, para los fines correspondientes.

En cuanto al fondo, de manera individual, Castro, solicitó una pena de reclusión menor y degradación cívica, contra Fanny de Veles, presidenta de la Corte de Apelación de Puerto Plata, y los procuradores adjuntos Bolívar Sánchez, Frank Soto, Gisela Cueto y Amado José Rosa, así como a Féliz Alvarez, procurador de la Corte de esa jurisdicción y el fiscal Domingo Belliard.

Además que el coronel policial Alejandro Dipré Sierra y los tenientes Félix Reynaldo Ventura, Héctor José Pérez, Julio Enmanuel Valenzuela Peña, Guillermo Antonio Tejada y Jorge Luis Rivera, así como el sargento Nicolás Penzo González, el cabo Enrique de Jesús Giraldo y el raso Yean Manuel Robles, sean condenado a la pena de reclusión mayor, como autores de asociación de malhechores, homicidio agravado con premeditación y asechanza y violación de la ley 36.

En la querella, se pide además, condenar al Estado al pago de una indemnización de 100 millones de pesos por los daños y perjuicios causados con la muerte del fiscal Ceballos Peñaló.

El abogado Castro justificó la acción contra el Estado en razón de que en los hechos actuaron procuradores adjuntos.

Alegó que los familiares han tenido que tomar la iniciativa de presentar el sometimiento y pedir medidas de coerción, en virtud de que las autoridades del Ministerio Público “protegen” a los procuradores adjuntos, policías y agentes de la Dirección Nacional de Drogas (DNCD), que actuaron en el operativo.

La querella está firmada por Teófilo Ceballos Díaz, Liliam Ceballos, Gregorio Ceballos, Alavaro Ceballos Penaló, Herodes Peñaló, Rosanna Ceballos Güilamo y una menor, en calidad de padre, hermanos, e hijos, respectivamente.

Castro sostuvo que los agentes de la DNCD acudieron a Sosúa, Puerto Plata, con la única intención de asesinar a Ceballos Peñaló, en represalia por las denuncias que había presentado por ante las Fuerzas Armadas, en el sentido de que su vida corría peligro por haber desmantelado más de 50 puntos de drogas.

Sostiene que las evidencias fueron contaminadas en la escena del crimen por los militares actuantes y no por el experto canadiense Sylvain Fontaine, como alega la comisión designada por el procurador general Radhamés Jiménez Peña para investigar el caso.

“Como pudo haber dañado evidencias si la camioneta de Ceballos Peñaló fue trasladada de la escena del asesinato al cuartel de Puerto Plata, y el fiscal Belliard admite que recogió casquillos y dos escopetas”, precisó Castro.

Entre los imputados figuran Cueto y Rosa, quienes fueron designados para investigar el caso.

La querella incluye además, a la presidenta de la Corte de Apelación de Puerto Plata, Cervantes de Vales, quien emitió la orden de arresto contra Ceballos Peñaló la noche del 23 de noviembre.

A los prevenidos se le acusa de falta de previsión, omisión, torpeza y falta de cumplimiento de los reglamentos, la ley y la Constitución, falso testimonio, falsedad de escritura pública, sancionados por los artículos 59, 60, 147, 148, 186, 265, 266, 267, 295, 296, 297, 298, 302, 304 del Código Penal, 39 de la Ley 36 Sobre Comercialización, Porte y Tenencia de Armas.