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El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó en la Cámara de Diputados de la República un proyecto de ley que propone la designación del procurador (a) general de la República por un período fijo de cuatro años, tomando en cuenta la inamovilidad consagrada en el artículo 173 de la Constitución Dominicana.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, informó que para lograr este objetivo deben ser modificados los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 137-11 y no sería necesario realizar una Reforma Constitucional.
Surun Hernández indicó que “ la pieza también plantea que para ser designado el máximo representante del Ministerio Público no podrá haber pertenecido durante 10 años a organismos de dirección de Partidos Políticos o asociaciones empresariales, ni haber sido candidato a ningún cargo de elección popular u organismo de dirección de Partidos Políticos o Asociaciones Empresariales, para lo cual repito NO sería necesaria una modificación Constitucional; sino actuar tal y como ocurre en el proceso de nombramiento del Gobernador del Banco Central que es designado con requisitos establecidos en la Ley Monetaria y Financiera, que no están consagrados en el artículo 226 de la Carta Magna”.
Expresó que otros requisitos propuestos en el proyecto de ley para aspirar al cargo son ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen, tener más de 35 años de edad, estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, ser licenciado o doctor en derecho, haber ejercido la profesión durante por lo menos 12 años, la docencia universitaria del derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público, períodos que podrán acumularse.
Surun Hernández dijo que con estas modificaciones aportarán una propuesta que puede ser consensuada con todos los sectores sociales y políticos para fortalecer el proceso de elección del Procurador General de la República y protegerlo contra retaliaciones o persecuciones surgidas por sus actuaciones.
De igual forma, alertó sobre la grave perturbación a la paz pública que provocaría el proyecto de Reforma Constitucional propuesto por el Gobierno, al considerar que pretende debilitar y destruir la justicia, entregándola por años al sector oficial empresarial, lo que no se puede permitir.
“Llamó a las fuerzas vivas a defender y apoyar la real independencia del Ministerio Público, sin destruir la independencia de las altas cortes, muy especialmente la del Tribunal Constitucional, alegando que existen sectores que pretenden desarticular su poder e independencia”, denunció el gremialista.
