Someten proyecto de ley sobre funcionarios incumplan declaración jurada bienes

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Los senadores Francisco Domínguez Brito y Charlie Mariotti sometieron ayer un proyecto de ley que establece sanciones específicas a los funcionarios que incumplan con la declaración jurada de bienes, elimina el secreto bancario a los fondos de estos servidores y establece que una comisión bicameral del Congreso dé seguimiento al cumplimiento o no de la legislación.      

Este instrumento legal, que busca contrarrestar la corrupción y el narcotráfico, Incluye entre los funcionarios que deberán ajustarse a esta ley a los jefes militares y policiales y a los oficiales generales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración.

Abarca a los encargados departamentales y regionales de la Policía y demás oficiales en posiciones de mando.

También a los titulares de los cuerpos especializados de seguridad e inteligencia del Estado, los encargados departamentales de esos organismos, así como al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y sus jefes departamentales y regionales.

Además del asumir las funciones, la declaración jurada de bienes de los titulares de los citados cargos y sus esposas, deberá hacerse también cada dos años y al final de las funciones en el Estado en un plazo no mayor de 15 días.

Los datos serán presentados a un Sistema Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de bienes de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), dispone la pieza.

La legislación encarga a la Cámara de Cuentas decidir las cuestiones administativas y de cumplimiento de la ley.

Sanciones.

La ley expresa que los funcionarios culpables de enriquecimiento ilícito serán castigados con la pena de cinco a 10 años de reclusión, una multa equivalente al duplo del monto del incremento de su patrimonio a costa del Estado y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de dos a 10 años.

Dispone que los funcionarios que incumplan con la presentación de la declaración jurada en el plazo establecido, quedarán suspendidos en sus funciones y cualquier acto que haga en el cargo será nulo de pleno derecho.

Agrega asimismo que si al finalizar los plazos sin cumplir con la ley, la Cámara de Cuentas abrirá una investigación criminal contra el funcionario saliente.

Tanto Domínguez Brito como Mariotti significaron que el incumplimiento de la declaración jurada de bienes se registra en el país porque las leyes sobre la materia no tienen “garras n i dientes” para presionar y llevar a los culpables a los tribunales.

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