Varias organizaciones de Cotuí sometieron un recurso de amparo ante la Cámara Civil de ese municipio contra el decreto que creó el parque Nacional Aniana Vargas, porque entienden que con el mismo se violan ocho leyes y se vulneran sus derechos. La audiencia está fijada para las nueve de la mañana del lunes ocho.

José Miguel de Peña, presidente en el Consejo Ambiental del Cibao, explicó que las leyes violentadas por el decreto  son las de Medio Ambiente, las que crean las provincias  Sánchez Ramírez y  Monseñor Nouel, la de agricultura,  la forestal, de turismo, la de minería y la  de Industria y Comercio.

De Peña dijo que el argumento por el  que se creó el área protegida para proteger el lago de Hatillo y las cuevas, es inválido, puesto que se decretó como protegido 119 kilómetros cuadrados, cuando el lago tiene 40 kilómetros cuadrados y cuevas tienen 20 tareas.

También rechazó que se busque potencializar el ecoturismo con el decreto porque para eso “no hay que hacerle daño a 15,000 familias ni hay que confiscar sin pagar 150,000 tareas de tierras, ni impedir que exporte dos furgones por semana de cacao orgánico a Europa”.

De Peña reiteró que el decreto se hizo para proteger las operaciones mineras de la Barrick Gold que operará próximo al área protegida.

Reiteró que la minera agudizará la contaminación que está acumulada allí por la explotación de los sulfuros y que, por tanto, se quiere anexar un espacio a la concesión para que no se vea el desastre ambiental que allí habrá.

Afirmó que la minera está provocando destrozos para instalar una tubería con capacidad de dos metros cúbicos por segundo que va “a secar el lago de Hatillo”.

“En vez de contrarrestar la contaminación del río Magajita consiguen un decreto que le crea un parque para desalojar a todos los moradores y  también le regalan el agua del lago de Hatillo  a la Barrick”, expresó De Peña, tras indicar que no se quedarán de brazos cruzados.