La Suprema Corte de Justicia (SCJ) fue apoderada de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, por considerar que la legislación es contraria al artículo 8 numeral 5 y 100 de la carta magna y tratados internacionales.

El recurso fue interpuesto por los síndicos Máximo Soriano, del Ayuntamiento del Distrito Municipal de La Caleta; el ingeniero  Víctor Milcíades Soto Sánchez, del Municipio de Azua; y Frank Julio Vargas, del Ayuntamiento de Pueblo Viejo, quienes alegan que el artículo 31 y los párrafos 2 y 3 de la de Seguridad Social son violatorios de la Constitución de la República.

Sostienen que los citados artículos establecen  un estado de discriminación en las previsiones legales de la Ley en contra de los empleados públicos, en cuanto al trato igualitario en relación a los empleados privados.