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POR TANIA HIDALGO
La fiscalía del Distrito Nacional presentó una querella contra tres ex ejecutivos de la Sociedad Financiera Nacional de Crédito (Conacre), acusados de un fraude en la entidad ascendente a 74 millones quinientos ochenta y ocho mil pesos.
El Ministerio Público, representado por los fiscales adjuntos, Luis González y José Agustín de la Cruz Santiago, pidió a la juez del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Claribel Nivar, imponer medidas de coerción consistente en presentación periódica ante las autoridades a Narciso Chaljub Rizik, Roberto Torres Lara y Miguel Calzada Hernando.
La demanda incluye a las sociedades V& P Servicios e Ingeniero Narciso Chaljub y Asociados, por presunta violación de los artículos 147, 148, 265, 266 y 408 del Código Penal, el artículo 3 de la Ley 72-02 sobre lavado de activos y el 80 de la Ley Monetaria y Financiera.
El tribunal deberá fijar la fecha y hora para conocer de la petición de medida de coerción.
La fiscalía inició las pesquisas del caso luego de que la Comisión de Liquidación Administrativa de Conacre, representada por sus abogados Fabiola Medina, Manuel Fermín Cabral, Jesús Franco Rodríguez, Luz Díaz Rodríguez y Arístides Trejo Liranzo presentara formal querella y constitución en parte civil en contra de los imputados.
La acusación indica que desde el año 1992 hasta el 2003, los imputados, por sí y por medio de sus empresas vinculadas, en múltiples ocasiones se hicieron emitir certificados de inversión aperturados mediante supuestos depósitos en la caja de Conacre, sin que hubiera un flujo de efectivo, registrándose en consecuencia a favor de ellos créditos falsos en las cuentas de la entidad.
En virtud de estos instrumentos, agrega la querella, los demandados y sus empresas vinculadas solicitaban la cancelación el mismo día o pocos días después de su apertura recibían el dinero desembolsado mediante cheque de Conacre, cobrando el monto del cheque, en perjuicio de los depositantes y de la entidad financiera.
Señala también que los imputados simulaban una operación regular de apertura y cancelación de certificados de depósitos y evitaban así la detección por parte de la supervisión bancaria de las operaciones irregulares y fraudulentas.
Los fiscales adjuntos sostienen que los imputados a través de sus compañías distrajeron sumas millonarias de dinero, en su desempeño como administradores , sin contabilizar en la entidad las verdaderas informaciones sobre éstas y otras operaciones realizadas, las cuales generaron un hoyo financiero, por la diferencia que progresivamente se produjo entre activos y pasivos.
