POR ALEIDA PLASENCIA
El diputado Pelegrín Castillo anunció ayer que someterá próximamente un proyecto de ley que establece mecanismos que obligan a los funcionarios de la administración pública, a tener que decidir “en uno u otro sentido» sobre los asuntos que les son sometidos, en vez de quedarse en silencio, como ocurre con las solicitudes de «licencias obligatorias» de la industria farmacéutica.

Consideró, además, que no es posible que no se hayan concedido las licencias obligatorias solicitadas hace años para la producción de medicamentos que son importantes para encarar enfermedades graves en el país.

 «Es inconcebible que pasen años y no haya definición al respecto”, sostuvo Castillo, quien añadió que con una ley como la que él someterá próximamente al Congreso, se acabaría el engavetamiento de expedientes por parte de los funcionarios públicos. Añadió que se ha generalizado y convertido en tradición en la administración pública, el no decidir sobre peticiones de sectores y que los funcionarios ni rechazan ni aprueban, sino que engavetan los expedientes.

 Al respecto, consideró notorio, en el caso de las licencias obligatorias solicitadas por la industria farmacéutica local, que se hacen solicitudes y las autoridades correspondientes no deciden al respecto.

«Eso va en detrimento del solicitante, pero también en perjuicio de la población», indicó.

A ese respecto, Castillo se refirió, además, a otro proyecto que se discute en la Cámara de Diputados actualmente y que busca modificar la Ley 20-00, de Propiedad Industrial, el cual según la Asociación de Industrias Farmacéuticas, tiende a garantizar el cumplimiento de las licencias obligatorias relativas a la producción de medicinas.

El licenciado Castillo dijo apoyar esa iniciativa que cursa en la Cámara de Diputados, pero que a la vez considera que debe establecerse una ley que dé un plazo a la administración pública para que reaccione y decida sobre solicitudes como por ejemplo, las licencias obligatorias para fabricar fármacos.

En ese sentido, añadió que el proyecto de ley que tiene preparado relativo al silencio de la administración pública, sería sometido tan pronto empiece la próxima legislatura.

Indicó que la iniciativa que cursa en la Cámara de Diputados sobre la modificación de la Ley 20-00 es buena, «pero es importante que se plantee para toda la administración pública».

Según Castillo, en los últimos tiempos ha tomado cuerpo el fenómeno de que, sectores de la vida nacional hacen solicitudes en la administración pública y los funcionarios correspondientes no dicen ni sí ni no al respecto.

El fenómeno de no decidir en uno u otro sentido sobre solicitudes hechas a la administración pública, en la actualidad no tiene ninguna consecuencia para la dependencia estatal de que se trate, dijo. Con el proyecto en cuestión se busca, señaló, obligar a la administración pública a que tenga que decidir en un sentido u otro y «se acabará, por fin, el engavetamiento de los expedientes».

Consideró Castillo que la administración pública tiene la obligación de decidir en un sentido u otro en un plazo razonable.

Opinó necesario que se atiendan las solicitudes de licencias obligatorias, que es un mecanismo previsto en los acuerdos de propiedad industrial de la Organización Mundial del Comercio.