Hoy 
POR TEOFILO ABREU
El fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, afirmó que son enemigos del gobierno los policías que cometen atropellos contra la ciudadanía y ordenó el sometimiento a la justicia de varios agentes acusados de cometer abusos en barrios de la zona Norte de la capital.
Nosotros nos comprometemos, conjuntamente con los comandantes, que a partir de la fecha vamos a trabajar para que esos policías que cometen irregularidades sean sancionados debidamente, no solo disciplinariamente, sino también ante los tribunales dominicanos y se les impongan las sanciones penales, dijo.
Hernández Peguero encabezó un encuentro con la Asociación de Motoconchistas La Nueva Esperanza, en la parroquia Santo Domingo Savio, en la que varios miembros de la comunidad denunciaron haber sido víctimas de atropellos por parte de agentes policiales.
Reconoció que los agentes merecen recibir un sueldo digno y adecuado, pero señaló que el hecho de que ganen bajos sueldos no justifica que cometan abusos contra la población.
El procurador fiscal instruyó al fiscal adjunto, Alcedo Magarín, para que cada vez que visite un destacamento, además de investigar sobre las detenciones irregulares, también indague a los agentes que apresan a los ciudadanos.
Magarín informó que cada día visita los destacamentos de La Ciénega y Los Guandules, en los cuales se puso en libertad a 30 personas que fueron detenidas de manera irregular.
LAS DENUNCIAS
El presidente de la Asociación de Motoconchistas, Roberto Evangelista, denunció que agentes policiales arbitrariamente les quitan las motocicletas y detienen a los motoristas, a pesar de que cuenten con los documentos exigidos por la ley.
Indicó que el gremio cuenta con más de 400 motoconchistas, los cuales no tienen antecedentes penales, ya que previo a su membresía son depurados en la Policía Nacional.
Otras denuncias fueron hechas por Franklin Reinoso, Luis María Agüero Beltrán, Jesús Castro, Gumersindo Johnny Germán y Juan Ramón Suárez Fabián, entre otros.
Entre las denuncias figuran despojo de la motocicleta y de sus documentos, la exigencia de dinero para entregárselas, apresamientos injustificados, amenazas y asedio constante en sus áreas de trabajo.
Al escuchar cada queja, el fiscal Hernández Peguero instruyó a los comandantes de los destacamentos correspondientes, así como a Magarín para que esos agentes sean sometidos a la justicia y sancionados.
EL SACERDOTE
El sacerdote de la iglesia Santo Domingo Savio, Javier Vidal, estimó que las denuncias no deben quedarse en un cabo o en un destacamento, y advirtió que en la Policía continuará incentivándose la corrupción mientras los sueldos sean tan bajos.
¿Cómo es posible que un cabo maneje cinco mil pesos al mes o menos para sustentar a una familia, cuando le están hablando que para poder llevar a un niño otra vez a la escuela será a un costo mínimo de cinco mil a ocho mil pesos?, se preguntó el sacerdote.
Resaltó el hecho de que los policías del programa Barrio Seguro tienen un mejor salario, por lo que estimó que la solución al problema debe buscarse a niveles superiores.
En la reunión participaron, además, el teniente coronel Ricardo Antonio Doñé Jiménez, comandante del destacamento de Gualey: el mayor Miguel Familia Suero, de Los Guandules, el mayor Víctor Méndez, de Guachupita y el licenciado Pedro Santana, procurador fiscal adjunto y coordinador de la Fiscalía Barrial de Gualey.
