El Ministerio Público «evadió» responder de manera directa la pregunta sobre la posibilidad de imputar a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que, durante el proceso de investigación de la Operación Falcón, se determinó que pudieron ser beneficiarios a través de la «nómina» de la red de narcotráfico y lavado de activos que tenía como centro de operación la provincia Santiago.

«En la medida de coerción constan interceptaciones telefónicas que incluyen eventos de 2018 y 2019, en la que se verifican que la red pudo sumar a sus vinculados a algunos agentes de esa institución», expresó la fiscal Sourelly Jáquez al ser preguntada por periodistas sobre si existía posibilidad de que se imputaran a miembros antinarcóticos.

Jáquez, quien habló al término de la audiencia de hoy contra los 23 acusados, resaltó que el Ministerio Público pudo lograr completar la operación contra la red de lavado «gracias a la participación activa de la gestión de la DNCD, que encabeza el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa».

En un comunicado emitido ayer, el Ministerio Publico explicó que el análisis de inteligencia electrónica presentado, se determinó que la red desmantelada con la Operación Falcón se refería en sus llamadas a las ubicaciones y fechas de los operativos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Agregó que todo eso dejaba ver, «mediante mensajes en clave, que tenían a efectivos de esa institución en la nómina de este entramado de narcotráfico internacional y lavado de activos».

Conclusión. El Ministerio Público informó que concluyó la presentación de la solicitud de medida de coerción del caso Falcón, en el cual pidió la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra todos los imputados, para evitar que evadan la persecución penal en un expediente que tiene varios prófugos.

Indicó que los encartados incurrieron en delitos tipificados como asociación de malhechores, tráfico de drogas y patrocinio, así como lavado de activos provenientes del narcotráfico, en perjuicio del Estado dominicano.

Resaltó que en el caso del imputado Raúl Antonio Castro Mota, se suma el cargo de violación a la Ley para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por habérsele encontrado, al momento de su apresamiento, un arsenal que incluye armas solo utilizadas por organismos de seguridad.

El equipo de fiscales que presentó la solicitud de medida de coerción son los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, el fiscal titular de esta provincia, Osvaldo Bonilla, y la procuradora de corte Luisa Liranzo.

También los ministerios públicos Sourelly Jáquez, Andrés Mena, Reyna Jiménez, Newton López, Miguel Collado, Yeny Liranzo, Yohanna García, Patricio Rodríguez, Isabel Santos, Miguel Ramos y Enmanuel Ramírez.

En tanto que los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.

También, José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldi Read Ruiz.