El vicepresidente de la empresa brasileña Embraer, Eduardo Cunhas Do Campos, será sometido penalmente en el país, por negar ante la justicia dominicana que pagaron soborno a interpósitas personas en la compra de los aviones Súper Tucano.
Una querella en su contra será depositada este viernes por ante la Procuraduría General de la República, por supuesta violación del artículo 361 del Código Penal, que tipifica el perjurio, informó ayer Marino Elsevif Pineda, abogado de la empresa querellante, Silverstar Ventures, LTD.
Había negado soborno. Refirió que como “había una verdad de Perogrullo, de que se había dado un dinero”, durante una audiencia el 29 de marzo del 2012 en la Quinta Sala Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a Cunhas Do Campos se le preguntó “si había dado comisiones a militares, senadores, a empresarios, a políticos”, y estando bajo la fe del juramento, dijo que no.

“Y ahora resulta que el Gobierno norteamericano ha informado a la nación de que se han cometido prácticas corruptas y que la empresa Embraer dio US$3.5 millones a interpósitas personas”, señaló el abogado al ser entrevistado por Hoy.

Acusó a Embraer de abusar de su derecho de revocación del contrato de gestión de negocio ajeno, que firmó en el año 2000 con Silverstar Ventures LTD, y en el que acordó pagarle por sus gestiones de intermediaria el 8% de la totalidad de la venta.
Hipólito Vs Leonel. Elsevif Pineda dijo que no obstante haber sido Solverstar Ventures LTD, la que logró con el entonces presidente de la República, Hipólito Mejía, y el exsecretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, la anuencia para la referida compra, incluido el financiamiento del Banco de Desarrollo de Brasil, en el 2007 Embraer rompió el acuerdo con ellos y negoció con el gobierno de Leonel Fernández, en detrimento de la empresa gestora.

“El país tiene que ser resarcido si se vendieron a sobreprecio los aviones, y a su vez ser sancionadas las personas que fueron utilizadas como intermediarios para desfavorecer nuestro contrato de comisión (de un 8% del valor de la venta), intervenido en el año 2000, y que con desprecio y abuso del derecho de revocación, fue realizado por la empresa Embraer en perjuicio de nuestro trabajo, de nuestro interés y de las negociaciones que se hicieron”, dijo el profesional del derecho. Agregó que esa tarea compete al procurador general, Jean Alain Rodríguez.