Siempre me intrigan las razones que impiden a los partidos llevar ante los tribunales sus acusaciones de corrupción. Cacarean y cacarean recriminaciones amenazando con develar documentos probatorios. Y ahí se quedan.
Abogados, investigadores, y hasta experimentados espías, están a su disposición. Por eso llama tanto la atención el que no elaboren trabajos concienzudos que permitan formalizar expedientes acusatorios válidos e irrefutables. Resulta aun más extraño, en cuanto que el descrédito de un contrincante, avalado por un tribunal, les sería políticamente beneficioso.
Se afirma, y se ha escrito reiteradamente, el cumplimiento de una omertà: un pacto de impunidad del tú te callas, que yo me callo; un acuerdo pandillero resultante de una corrupción compartida. Tesis creíble, si observamos con la reiteración que, al acusarse, unos responden a los otros mencionándoles el número de expedientes que les tienen engavetados.
Podríamos pensar aquello de que perros de la misma camada se ladran, pero no se muerden. Esto sería más instintivo que pactado: un reflejo primario que presiente que entre mordidas quedarían desgarrados. Después de unos cuantos ladridos, mejor olerse el trasero, y cada perro a su hueso.
Considerando inútil y contrario a sus intereses el saneamiento de la ética estatal, sufren de una apatía ético-legal de carácter subconsciente; algo parecido a la supervivencia de la especie. Teoría a tomar en cuenta, si detallamos el historial de nuestros gobernantes.
Todas son explicaciones válidas, que ahora vienen al caso cuando se produce un debut de mirlo blanco: recientemente, de la cháchara se ha pasado al hecho. Un partido sometió a dos funcionarios y a un ex presidente por sobre-valoración de obras del Estado. Tenemos sometimiento y sometidos.
El expediente lo recibió un procurador que había hecho público el ser un hombre de Leonel Fernández. Y, claro está, lo desestimó. Ahora lo llevarán a la Suprema Corte, y allí espera un magistrado presidente entrañable amigo del mismo personaje. Miren ustedes, señores, cómo va tropezando el primer intento justiciero contra un blindaje legal que, dejando de ser un supuesto, se convierte en degradante realidad.
Ante este reivindicativo y necesario acontecimiento, el apoyo del resto de la oposición ha sido decepcionante; el leonelismo, confiado en que el líder máximo no sería víctima de la justicia, se ha limitado a desbarrar contra el Lic. Guillermo Moreno, acusándolo de andar buscando ventajas políticas; la Iglesia, ni un padre nuestro; el Presidente, silencioso; la gente, esperando sin esperanzas.
Sea por agenciarse ventajas políticas, o por las razones que fuesen, Alianza País se le adelantó a otras organizaciones. Si con esa novedosa y atrevida decisión sintonizó los deseos de la población, los votantes, entonces, ¡bendito sea Dios!, que coseche abundantes frutos. Mientras tanto, es un deber ciudadano cerrar filas apoyando ése y futuros sometimientos.
Debilitemos con inteligencia y militancia la barrera legal colocada por el ex presidente. Tratemos de obtener juicios imparciales para los ex funcionarios prevaricadores. Puedo decirles que, si luego resultan inocentes, les besaremos el anillo, y dejaremos a San Antonio el misterio de sus riquezas.