FIOR GIL
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Los representantes legales del Consorcio Soluciones Modernas (SOMO) acusaron ayer a los jueces de la Junta Central Electoral (JCE) de mantener un boicot en contra de esa empresa al no permitir la continuación del desarrollo del proyecto de  instalación de los equipos en las Oficialías Civiles.

 Bernardo Ledesma y Gabriel del Rosario hicieron la denuncia ante el presidente de la Cámara de Cuentas,  Andrés Terrero, a quien entregaron la documentación relativa al contrato que tiene SOMO  con la JCE para que se realice una auditoria.

Al responder preguntas de los periodistas Ledesma afirmó que la JCE tiene una deuda pendiente de pago  RD$294 millones y faltan US$42 millones  y se han ejecutado aproximadamente US$33 millones.

De inmediato Terrero, dijo que someterá al pleno de la Cámara de Cuentas la documentación de dicha empresa, pero descartó que por el momento se pueda auditar a la Junta Central Electoral, debido al proceso electoral en que se encuentra el país.

“Creemos que en estos momentos no es factible que la Cámara de Cuenta se involucre en auditar la Junta Central Electoral, porque estamos en una etapa preelecciones y esos ruidos no son necesarios hacerlos ahora”, dijo Terrero.

Ledesma informó que SOMO ha cumplido con el contenido del contrato cuyos trabajos se iniciaron en el año 2004 y que se han entregado equipos e instalado el programa en cinco Oficialías.

“Ya se han invertido 23 millones de dólares y no es posible que quieran arrumbar ese programa para seguir utilizando libros y cuadernos obsoletos”, dijo Ledesma.

La empresa que ganó la licitación pública internacional para ejecutar el proyecto de automatización del Registro del Estado Civil, Registro Electoral y del proceso electoral   convocado  por la Junta Central Electoral denunció que una auditoria que realiza el organismo electoral no es contractual y que por lo tanto no es vinculante con el con el proyecto.

Las claves

  Se quejan

1. Porque los jueces no reciben a los ejecutivos del consorcio.

No pagan

2.  La Junta Central Electoral adeuda RD$294  millones  y tienen el proyecto suspendido.

El Proyecto

3. El proyecto es importante para la nación. El personal continúa operando el centro de cómputos del proyecto que sigue apoyando las oficialías.