La sociedad dominicana, dividida en varias clases sociales, tiene una peculiar percepción  – por la impunidad y la corrupción – sobre sus derechos ciudadanos: algunos saben lo que son los derechos  a la propiedad privada y a las ganancias, (mismo si tuvieron que “robar” esos derechos a la colectividad) son los que ven las tierras del CEA como suyas, o los inmuebles confiscados a los narcotraficantes como propios. Otros hablan del derecho que tienen, de  acumular fortuna, vendiendo medicamentos vencidos, comestibles adulterados o juguetes peligrosos,  sin importar las consecuencias sobre la vida de los demás.  Este proceso social depende de una determinada construcción jurídica de los derechos individuales. Los derechos de algunos empresarios dominicanos se extienden a la posibilidad de “buscar” mano de obra ilegal, clandestina, de sobre-explotarla y después botarla porque ya no le sirve. El derecho a la libre empresa es el sustento de ese capitalismo salvaje. Sus defensores mantienen que esto estimula la responsabilidad individual, la independencia de la interferencia estatal o la igualdad de oportunidades en el mercado y ante la ley; la recompensa de la propia iniciativa y de un mercado abierto, es la ganancia. Esos ciudadanos que reivindican sus derechos en la ciudad, son los dueños de empresas cuyos camiones, humo, ruido estridente y velocidad impune, nos impiden cruzar el Malecón, pasearnos en el Malecón, disfrutar del mar, del atardecer o de un amanecer. Tienen derechos y nosotros, ciudadanos de tercera y cuarta categoría, tenemos un solo derecho: sufrir en silencio. Esos mismos conductores tienen derechos: derechos de violar los semáforos, irrespetar los peatones, asustarlos y en nombre de estos derechos, nos impiden cruzar las avenidas, nos obligan a jugar con nuestras vidas cada vez que queremos “obligarlos” a pararse. Nos han convertido, sin darnos cuenta, en “mendigos de los más mínimos derechos de vivir en la ciudad.’ Y rogamos para que duren.

Vivir bajo el capitalismo dominicano supone aceptar o someterse a un conjunto de derechos necesarios, no para el sencillo ciudadano, sino  para los honorables ciudadanos que se dedican a la  acumulación ilimitada de capital y que, en esta ciudad,  se adueñaron de nuestros derechos, y entre ellos el derecho a cruzar las calles y las avenidas de nuestra ciudad.  Ahora les “rogamos” el derecho a poder vivir en nuestra ciudad.