Somos un basurero

Somos un basurero

PAÍNO ABREU COLLADO
El juez Ramón Amaurys Rodríguez (Papilín) dictaminó un no ha lugar a favor de los acusados de introducir ilegalmente al país un residuo o basura llamado rockash (cenizas mezcladas provenientes del carbón mineral usado en la producción de energía eléctrica), que puede ser más o menos peligroso dependiendo del origen del carbón, conteniendo metales pesados u otros elementos tóxicos para la salud humana. En la República Dominicana está absolutamente prohibida la importación de todo tipo de residuo o basura, peligrosa o no, a menos que se cuente con el permiso ambiental correspondiente.

En el fondo, sin embargo, y más allá de las distorsiones del sector eléctrico originadas en precios de generación excesivos, la existencia de esquemas de fraude eléctrico estructurales y el incumplimiento del Estado como usuario y como ente a cargo de los subsidios, la crisis eléctrica es alimentada por una causa que es común a otros sectores económicos: la crisis de la regulación, o, para ser más exactos, de la función regulatoria a cargo del Estado.

Y es que el fenómeno regulatorio emerge en el momento mismo en que el Estado abandona su rol de empresario, los servicios públicos son liberalizados y privatizados, y la intervención económica estatal es echada de lado o cambia profundamente de signo. Paradójicamente, la liberalización económica trae aparejada la adopción por parte del Estado de una regulación intensa de las entidades privadas que intervienen como agentes económicos en los sectores económicos liberalizados. Esta función regulatoria que conlleva la potestad de autorizar la actuación económica de las entidades privadas, la potestad tarifaria, la potestad normativa, la potestad de dirimir conflictos entre los entes regulados y los usuarios de los servicios, la potestad sancionatoria y la facultad de adoptar políticas públicas, requiere instrumentos jurídico-técnicos de alta precisión que el superado Estado empresario e interventor carece.

La emergencia de la regulación como función estatal básica ha agarrado a los dominicanos desprevenidos. Sin respeto a una carrera civil y administrativa y sin atraer a los más especializados recursos humanos al seno de la Administración, es imposible la existencia de agencias reguladoras independientes caracterizadas por su especialización técnica y su neutralidad político-partidaria. Sin una ley de procedimiento administrativo, estas administraciones no tienen el marco legal adecuado para formalizar sus actuaciones y someterlas al Derecho. Sin ley que cree y haga efectiva una jurisdicción contencioso-administrativa, no hay control judicial de la administración y los agentes económicos están sujetos a la arbitrariedad disfrazada de discrecionalidad económica o técnica.

Esto es lo que explica el grado de politización de las discusiones y debates acerca de las crisis que afectan diversas áreas económicas. No es que las políticas públicas deban ser monopolio exclusivo de los tecnócratas. No. Es que el Estado regulador plantea instrumentos y mecanismos para la deliberación como lo son aquellos establecidos para las consultas públicas hoy regulados por la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública que obliga a la Administración a publicar sus propuestas normativas para recibir las opiniones de los sectores interesados.

Los economistas neoliberales pensaron que la apertura de los mercados conllevaría la desregulación, lo cual la práctica y la teoría revelaron como una falsa apreciación. La liberalización implica la asunción por parte del Estado de tareas regulatorias que deben desempeñarse con estricto apego a las normas jurídicas y desde una óptica de especialización técnica de la cual carece en la actualidad el Estado dominicano. El Estado regulador debe ser necesariamente un Estado de Derecho pues solo un Estado de Derecho brinda seguridad jurídica, respeto a la igualdad y control de la arbitrariedad, elementos esenciales para atraer y garantizar la inversión tanto nacional como extranjera.

Se requiere la aprobación de una ley de procedimiento administrativo y de control de la actuación de la Administración por los tribunales que conduzca al Estado dominicano a su propia legalidad. Si el Estado sigue actuando como un chivo sin ley y no se dota del personal que le permita asegurar a cabalidad las funciones regulatorias que las leyes le asignan, no podremos competir exitosamente con el resto de los países del área que tienen años fortaleciendo la capacidad institucional de sus Estados y, por ende, garantizando su atractivo como destinos de inversión.

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