POR M. DARÍO CONTRERAS
La violencia en una sociedad es un fenómeno complejo y obedece a múltiples causas, tanto de carácter interno como externo. Algunos, por simpleza u otras razones tácticas, atribuyen el incremento de los hechos criminales en la República Dominicana al simple crecimiento poblacional, lo que no es apoyado por los datos estadísticos que se poseen.

La tasa de homicidios – número de homicidios o muertes violentas por cada 100,000 habitantes – en nuestro país durante el período del año 2000 al 2005, según la Procuraduría General de la República, de la cifra 13 pasó a la 26, es decir, duplicándose en dicho quinquenio, lo que nos coloca por encima del promedio para nuestro continente, el cual sigue siendo después de Sur África, el continente más violento. Recordemos que países como El Salvador y Colombia tienen altísimas tasas de muertes violentas, lo que sesga el promedio hacia un valor mucho mayor.

La causa mayor de las muertes por homicidio en República Dominicana son las armas de fuego, con un porcentaje de 58%. Le siguen los homicidios cometidos por arma blanca con un 32%. Las muertes por accidentes de tránsito a partir del año 2003 han estado por debajo de los homicidios, cuando anteriormente superaban a estos últimos. Como ha sido reportado, la principal causa de los accidentes de tránsito en la República Dominicana es el consumo excesivo de alcohol – hay quienes estiman que en un 90% de los accidentes de tránsito el consumo del alcohol es el culpable. Esto es fácilmente comprobable por la mayor cantidad de accidentes de tránsito durante los períodos feriados de Semana Santa y de la Navidad cuando se dispara la ingesta de las bebidas alcohólicas. Muchas veces el consumo de drogas alucinógenas está relacionado con el consumo de alcohol. El hecho es que el alcohol es también una droga cuyo consumo debe ser regulado, pues produce adicción, enfermedad y muerte.

Existe una fuerte correlación entre el cada vez mayor número de armas de fuego y los crímenes, especialmente en los sectores urbanos. Los que abogan por la tenencia de estos instrumentos de muerte dicen que son necesarios para defenderse de los criminales. Aunque en nuestro país, que sepamos, no disponemos de un estudio sobre el hecho de que poseer un arma de fuego evita los atracos y muertes de las víctimas, un interesante estudio realizado en El Salvador, con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 2003, revela que “las personas que intentaron usar un arma de fuego para defenderse específicamente de un asalto o robo a mano armada, murieron en una relación 48 veces más alta que quienes no intentaron defenderse del asalto”. Este estudio concluye diciendo que “la utilización de armas como instrumento de defensa, por lo general, llevó con más frecuencia a la afectación física de la víctima (herida o muerta) que a la afectación del propio agresor”. Esto se entiende si recordamos que los criminales generalmente actúan mediante la sorpresa y la premeditación, rara vez dándole la oportunidad a las víctimas de defenderse adecuadamente. Por tal razón, las armas de fuego más bien representan un falso sentido de seguridad y somos de la opinión que su uso debe ser reservado para las fuerzas del orden y, excepcionalmente, a compañías de seguridad, empresas y/o instituciones debidamente depuradas y registradas por la peligrosidad de sus funciones.

No dudamos que en algunos casos la tenencia de un arma de fuego por parte de una víctima potencial ha evitado o frustrado un asalto, un robo o un secuestro, pero creemos que existen más aspectos negativos que positivos para que la ciudadanía en general se encuentre armada. Me atrevería a afirmar que de implementarse una política seria y profunda sobre la eliminación/reducción de las armas de fuego en posesión de la población, las muertes por homicidios se reducirían significativamente. Es una responsabilidad ineludible del Estado salvaguardar la vida de sus ciudadanos, principal recurso con que cuenta un país.