El reforzamiento fronterizo acompañado de despliegues para la detección por todos lados de inmigrantes no autorizados representan en lo elemental unos legítimos controles que el Estado aplica a esa presencia irregular, objetivo que sectores nacionales respaldan. Sin embargo, preocupa mucho que con las medidas las autoridades no hayan reducido significativamente la vulnerabilidad del límite fronterizo. A pesar de las redadas sobre inmigrantes sin permiso de residencia ni autorización a laborar, persisten las aglomeraciones y el libre movimiento de muchos de ellos en el territorio nacional, incluso en actividades que vulneran normativas urbanas.
El flujo de repatriados hacia Haití es, por lo visto, equiparable al flujo de los que desde allí burlan vigilancia (al amparo de traficantes o mafias) para retornar con su misma ilegalidad a los mismos sitios en que fueron apresados de este lado de la isla. Las autoridades no dan constancia, puntualmente, de que se acogen a la obligación de hacer cumplir la ley que, bajo sanciones previstas, limitan la contratación de mano de obra extranjera por empleadores ni hacen saber que desarrollan periódicas inspecciones sobre concurridas zonas de producción y comercio, resultando que la abrumadora presencia de extranjeros en construcciones y plantaciones queda a la vista de la ciudadanía como una irregularidad irreversible y creciente a la que poca fuerza se contrapone.

Nocivo acceso a las bebidas

Con más empeño y continuidad la ley debe usarse para exigir el cumplimiento de responsabilidades de parte de adultos que en función de padres, tutores y expendedores deben cuidar la vida, salud y formación de los menores de edad, obligaciones sobre las que nadie puede alegar desconocimiento. Por falta de rigor de autoridades en hacer valer la protección de la niñez abunda la procreación sin compromisos. Tolerar o propiciar la ingesta de alcohol sin llegar a la adultez debe castigarse.
El procurador general, Jean Allain Rodríguez, dispuso investigar 85 casos de intoxicaciones de niños, según la cuenta del Sistema de Salud, y 52, según el COE que debería contar mejor. El Ministerio Público debe sentar un ejemplo con sanciones a quienes permiten la ingestión de bebidas alcohólicas en minores de edad.