ROSARIO ESPINAL
Cada día que pasa alarga la espera de que el gobierno demuestre su determinación de avanzar los procesos judiciales a ex funcionarios perredeístas con presuntos cargos por desfalco al Estado. Una interpretación que abunda es que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no impulsará estos juicios porque sus funcionarios son parte del problema; es decir, son también corruptos y promueven la impunidad. El tiempo no muy lejano dirá.

Las acciones dolosas que se atribuyen a funcionarios del gobierno peledeísta del 1996-2000 debieron ser sancionadas durante el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), pero no se hizo. Se realizaron los sometimientos y se abandonaron los juicios. Por eso ahora los dirigentes perredeístas no tienen autoridad moral para reclamar que se aplique justicia en esos casos.

Hace varios días el gobierno actual retiró los abogados asignados por el gobierno perredeísta en los casos de funcionarios inculpados del período 96-00. La medida ha despertado justas sospechas porque si el gobierno no asigna nuevos abogados ni se completan los juicios, la ciudadanía habrá sido burlada dos veces: por los perredeístas y peledeístas.

El desafío que enfrenta actualmente el gobierno del PLD con el combate a la corrupción es mucho más complejo del que enfrentó el PRD. Veamos las razones. En el último gobierno perredeísta mucha gente percibió que la corrupción se expandió a niveles y esferas impensables, que se validó públicamente desde el gobierno con acciones y expresiones, y que se produjo en medio de una fuerte crisis económica que empobreció a la mayoría de la población. Eso produjo mucho malestar político y aumentó el deseo de justicia.

Además, los tiempos políticos van cambiando. Joaquín Balaguer permitió la corrupción e impunidad de sus funcionarios durante 22 años porque siempre contó con la coerción física o política para imponerse. De tanto hacerlo, la gente se acostumbró a no esperar transparencia de los gobiernos balagueristas. Al PRD, a pesar de sus recurrentes escándalos de corrupción, el pueblo le dio la oportunidad de gobernar tres veces por sus luchas históricas y promesas democráticas.

El PLD no cuenta para gobernar ni con la coerción balaguerista ni los mitos perredeístas. Uno de sus principales recursos políticos es el comedimiento del Presidente Leonel Fernández. Pero la exasperación que produce en sectores de la opinión pública la lentitud en los procesos judiciales podría tornar problemático el aparente distanciamiento del Presidente.

No nos llamemos a engaños. Los procesos judiciales contra funcionarios públicos por desfalco al Estado son juicios políticos. Primero, porque en países con una justicia débil como la dominicana, los procesos judiciales de esta naturaleza para avanzar tienen que contar con el respaldo explícito de las más altas autoridades gubernamentales. Segundo, porque en los casos de alegados desfalcos al Estado en perjuicio del pueblo, el Ministerio Público es el único con la fuerza para impulsar los sometimientos. Los ciudadanos comunes no pueden enfrentarse solos en los tribunales a funcionarios y líderes políticos que cuentan con organizaciones y mucho dinero para defenderse.

La diafanidad de los juicios políticos no consiste en declarar que no son políticos, sino en asegurar que los jueces reciban el apoyo público necesario para avanzar los procesos judiciales, que obtengan la información pertinente para evaluar los expedientes, y que puedan dictar sentencia en función de las evidencias sin presión política de ningún bando. Sólo así se evita que los juicios políticos se conviertan en persecución política.

La sanción judicial constituye el principal castigo y el principal remedio preventivo contra la corrupción. Sin sanción legal, ni las comisiones de ética, ni las leyes anti-corrupción, ni los acuerdos con organismos internacionales tendrán gran impacto en prevenir la corrupción.

Por muchos años, el pueblo dominicano se ha sentido ultrajado al ver cómo en cada gobierno se enriquece impunemente un grupo de políticos y sus allegados, mientras la mayoría de la población se empobrece. Lo mínimo que podría hacer el actual gobierno para aliviar a la ciudadanía por tantos abusos es iniciar con decisión y seriedad los procesos judiciales de ex funcionarios inculpados, por lo menos en aquellos casos graves para los que se cuente con suficiente evidencia criminal.

Si el gobierno da largas a los sometimientos en espera de que la ciudadanía se canse del tema, aparezcan otras urgencias, o se acerquen las elecciones del 2006 y se declaren improcedentes o se manipulen los sometimientos por razones electorales, estaría jugando con fuego en medio de una sequía.

Estos son otros tiempos. Ya no existe el terror balaguerista. Ya no hay partidos con derechos heredados por luchas pasadas. De ahora en adelante, para que un gobierno se afiance en el poder deberá garantizar la aplicación de las leyes, terminar con el desfalco continuo al erario público y lograr que el Estado Dominicano pueda dar respuestas a las necesidades fundamentales de amplios segmentos sociales.

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