POR DANIEL VARGAS, PH.D.
Existe en los ambientes académicos actuales una visión bastante extendida, fatalista y pesimista, acerca del devenir histórico de la misión de la universidad. Según esa tendencia, poco academicista por cierto, la academia es una empresa productora de divisas, sujeta a las mismas reglas del sector económico de la sociedad, ya sea financiero o productor de bienes materiales y mercancías. ¡Nada más erróneo y engañoso!

Es innegable que hay un trato de esa índole, admitido públicamente en reuniones interinstitucionales por algunos representantes de universidades privadas con relación al manejo administrativo de sus instituciones.

El mercantilismo universitario es una tendencia tan enérgica que ha llegado incluso a influenciar, penetrar y alucinar las perspectivas de la Universidad del Estado, UASD. Dicha influencia se expresa, por ejemplo, en la eliminación de tan buen catalizador para iniciar los estudios universitarios, como lo fue el “Colegio Universitario”. De ese modo se puede estudiar en menos tiempo, pero la formación pierde irreparablemente calidad y profundidad.

Sin embargo, ese espíritu economicista, que recorta recursos donde puede, representa únicamente una propuesta de sectores económicos influyentes y de organismos internacionales poderosos, que pretenden sustituir la perspectiva academicista, formadora del ser humano integral, connatural al concepto “Universidad”, por la de empresa lucrativa, con la finalidad de extender los dominios de la economía y del comercio a sectores sociales aún protegidos del lucro, como son las instituciones educativas y la familia.

Así se convierte el sector económico y financiero en un “colonizador del espacio vital” (Jürgen Habermas), devorando los valores y la moral, propios de la educación.

El paradigma de universidad mercantilista viene acompañado de una nomenclatura propia del ámbito económico: “clientes”, “insumos”, “productos”, etc., conceptos que sólo son aplicables a la educación con cierta dosis de violencia y arbitrariedad, por tratase de un área de naturaleza totalmente diferente.

Como resultado del “negocio” en la educación superior se obtiene la búsqueda de “respuestas inmediatas a las necesidades de los clientes”, lo cual se traduce en la oferta sólo de aquellas carreras que pueden integrar suficientes estudiantes para ser autofinanciadas. Carreras necesarias para el desarrollo nacional y humano que no dispongan de la cantidad requerida para que el negocio funcione no reciben apertura, a menos que el estado u otros organismos las financien.

Sin embargo, la educación sin fines de lucro busca responder a las necesidades de la sociedad y no sólo a las del mercado, apoyando así los esfuerzos y las prioridades de desarrollo del Estado y de la sociedad a corto, mediano y largo plazo.

Es cierto que en algunos casos puede funcionar un modelo empresarial universitario que, sin afectar la calidad de la docencia y la dedicación a la investigación, deje beneficios económicos a los que han invertido en la entidad. Esa variante resulta cara, siendo propia de la clase social más adinerada, sin facilidades de ingreso para estudiantes pobres. Por lo tanto, ese no puede ser el paradigma universitario de un país subdesarrollado. La razón es obvia.

La República Dominicana precisa de un modelo universitario público, que garantice el acceso de todo estudiante meritorio independientemente de su procedencia social o de sus ingresos económicos. La educación privada representa un complemento a los esfuerzos del Estado por educar a los habitantes de la nación, pero no es el modelo ideal, no puede serlo.

En nuestro país existe una variante universitaria muy extendida que asume el modelo empresarial para sacar primordialmente beneficios financieros, relegando a un segundo plano lo académico, la investigación y la extensión. Es entonces notorio que esas áreas son enormemente deficientes y no se desarrollan adecuadamente aportando los profesionales, científicos e investigadores que requiere el desarrollo nacional para la competencia global.

Podemos escuchar en muchas instituciones las justificadas quejas de los estudiantes: “en nuestra universidad los laboratorios no sirven, no son suficientes, no nos dan prácticas, no tienen los libros que buscamos en la biblioteca, los profesores están mal preparados, las aulas resultan pequeñas, desaparecen notas de asignaturas aprobadas, nos suben los créditos cada vez que quieren…”

Por su lado, los profesores reclaman justos salarios, pagos en vacaciones, un salón profesoral, incentivos adicionales, secciones con menos estudiantes, contratos justos y duraderos, que se valore los niveles de formación, oportunidades para seguirse preparando…

A las variables anteriores podemos agregar que de hecho existen casos (¡y no son pocos!) de condiciones infraestructurales y ambientales deficientes, quejas de los empleados, cuestionable capacidad de la gestión administrativa y académica, escasez de actividades de extensión universitaria, precariedad de medios audiovisuales disponibles, violación en el cumplimiento de los requisitos establecidos por los organismos oficiales y por la institución misma…

Dado un panorama como el presentado, resultado de las revisiones técnicas por parte de la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, SEESCYT, a las instituciones de Educación Superior, el cual es un reflejo general de los resultados de evaluaciones quinquenales realizadas en los años precedentes por los organismos competentes, la visión empresarial pierde toda justificación, estando los organismos responsables en deber de exigir enérgicamente un mínimo de calidad con relación a la misión de la Universidad.

La misión de la Educación Superior que responde a los intereses generales de la nación está expresada en la Ley 139-01, por lo que toda institución universitaria debe fundamentarse en ella, cumplir con sus disposiciones y con las directrices de sus reglamentos y normativas.

Esa ley reitera que las “instituciones universitarias son sin fines de lucro y de bien social,” indicando así el camino correcto. La esencia de la universidad queda legalmente salvaguardada, de modo que los excedentes deben ser reinvertidos para mejorar los niveles de calidad y la pertinencia de la oferta, es decir, para que se desarrollen todas las condiciones favorables conducentes a que los estudiantes reciban una excelente formación integral.

Representar públicamente una postura economicista significa atentar contra nuestro marco legal y adulterar la substancia universitaria como tal.

En el mismo orden de ideas hay que analizar con ojos críticos la venta de universidades, fenómeno que se ha ido aceptando como “normal”, aparentemente a espaldas de las autoridades competentes y, sobretodo, sin una revisión técnica con relación a la pertinencia y factibilidad del canje. Sólo en los últimos cuatro años fue “traspasada” una universidad por año.

¿Y qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que se compra? ¿Es el derecho y el inmueble? ¿Es la misión y la visión de formar profesionales de calidad? ¿O es acaso el “punto comercial”?

La autonomía de la compra y venta en el ámbito universitario no sólo repercute sobre la dimensión económica de las instituciones, sino también sobre la moral: se despide a los empleados anteriores para ser sustituidos por un personal que responda a los intereses y objetivos de los nuevos incumbentes, sobre los cuales nadie pregunta por sus condiciones intelectuales y morales.

Nuestro país cuenta en la actualidad con 49 IES (de facto 51, pues se realiza convalidaciones a dos entidades no superiores, sin embargo sólo se debe convalidar asignaturas a entidades homólogas). Si coincidimos con Rafael Toribio, ex-rector de la Universidad INTEC, (en una entrevista para el Listín Diario del 7/9/2003, sección “El Dinero”, pág. 4) la mitad de estas instituciones funcionan sólo como empresas, es decir, con la finalidad de obtener ganancias a través de la oferta de un “producto” educativo. Según Toribio, sólo una minoría de las IES no ha perdido de vista su misión.

La existencia de esas pocas instituciones universitarias privadas se debe reconocer por su esfuerzo de ofrecer calidad y por no perder de vista su función social.

Por supuesto, nadie se opone a que las instituciones de educación superior privadas reciban los frutos de su inversión, pero no deben degenerar en meras empresas productoras de dinero, descuidando su misión educativa y social por la que justificaron su aprobación.

Si mediante la educación entra el progreso a los pueblos, hay que velar por el correcto funcionamiento de la educación superior y por el adecuado uso de los conceptos que la determinan.

Ningún sistema educativo destinado a crecer para ser soporte del desarrollo puede permitir la confusión entre las intenciones aparentes y las reales de las instituciones que lo conforman.

La excelencia académica, a la que aspira la Ley 139-01, sólo es posible con sano juicio y transparencia de propósitos.

El reto principal para la educación superior dominicana del siglo XXI es el logro de esos objetivos para poder alcanzar metas más elevadas.

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El autor es sociólogo y filósofo, graduado en la Universidad Konstanz, Alemania. Se desempeña como Encargado de Postgrado de la Secretaría de Estado de Educación Superiór, Cincia y Tecnología, SEESCYT. Es, además, catedrático de filosofía de la UASD y del ISBA.

E-mail: danielv58@hotmail.com