En el artículo anterior expuse que las informaciones del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) y del Instituto de Evaluación de Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) revelan que en términos promedio, nuestros docentes tienen un escaso conocimiento del contenido de las asignaturas a su cargo.

Se tienen esos desalentadores resultados a pesar de las elevadas sumas de recursos presupuestarios que se han asignado a programas de recapacitación de los docentes de las escuelas públicas.

Además, se destacó que las autoridades educativas ocultaron la realidad sobre las capacidades de nuestros docentes al contratar anualmente cientos y miles de nuevos profesores mediante la manipulación de los puntajes y contenidos de la evaluación con el propósito de ocupar los puestos vacantes.

Hemos derivado a esa situación por la evidente indolencia de las clases políticas gobernantes así como por la indiferencia de las clases medias y altas que por décadas no manifestaron preocupación ante el notorio deterioro de la enseñanza pública.

La pobreza en la formación de nuestros profesores define una compleja situación política cuya solución requerirá del concurso de toda la sociedad, incluyendo a los docentes.

Tenemos una clase profesoral víctima del propio sistema en una situación incómoda de la cual ellos no son culpables: nadie puede enseñar lo que no sabe.

A muchos de ellos se les ha creado la ilusión de que son profesores y que deben ser considerados y retribuidos como tales, lo que les genera insatisfacción y los hace fácilmente manejables por una dirigencia política oportunista.

Es claro que las actuales circunstancias encierran tensiones que dificultarán la aplicación de las medidas requeridas para reformar el sistema educativo.

Posiblemente, podría incluso haber resistencias a la aplicación de programas de recapacitación que verdaderamente logren dotar a nuestros profesores de las capacidades necesarias para actuar en el salón de clases.

El hecho de que los docentes, en términos generales, no responden a los programas de capacitación nos lleva a preguntarnos si los programas no están ajustados a sus necesidades o simplemente ellos no pueden ser recapacitados. Dicho de otra forma, un adulto con un reducido léxico, sin conocimiento de los aspectos gramaticales básicos y sin el dominio de las operaciones aritméticas elementales, difícilmente podría adquirir la capacidad de manejar las formas lógicas del lenguaje.

No lograrán capacidades. Sin entrar en argumentaciones complejas, basta asegurar que existe una cierta proporción de los profesores que, por las razones que sean, no podrá lograr las capacidades requeridas. Estamos obligados a formular y ejecutar un plan de recapacitación que tenga toda la intensidad y rigor necesarios y que, poniendo por delante el derecho de los estudiantes pobres a una educación de calidad, seleccione a aquellos profesores que demuestren, mediante pruebas de evaluación, disponer de la formación y las destrezas para responder a las exigencias del entrenamiento.

Será inevitable que un grupo de profesores no podrá ser reentrenado y quedará entrampado por la irracionalidad del sistema que les ha confiado unas responsabilidades superiores a sus posibilidades de asumirlas. Ellos probablemente necesitarán una recapacitación para ocupar otras posiciones en el sistema educativo o fuera de él.

Si una alta proporción de los profesores tuviesen el conocimiento y la destreza para manejar el currículo en el salón de clase, la reforma del sistema se podría concentrar en organizar una administración eficiente en las nuevas escuelas de jornada extendida que tuviese el liderazgo y las atribuciones institucionales para imponer la disciplina y el orden en las aulas públicas.

En las actuales circunstancias esto no sería suficiente, debido a la necesidad de reentrenar a miles de profesores, por lo que será un proceso complicado que tomará mucho tiempo y demandará una significativa proporción del Presupuesto General del Estado.

Se debe concluir, por lo tanto, que los niños pobres dominicanos deberán esperar mucho más tiempo de lo que se tenía pensado para recibir una enseñanza de calidad.

Lamentablemente, no hay atajos. A este respecto, para ganar eficiencia y tiempo debemos realizar un mayor despliegue para atraer a la docencia profesionales de otras especialidades que tengan vocación para el magisterio y demuestren dominio en las disciplinas que se imparten en la educación preuniversitaria, y habilitarlos como profesores mediante algunos entrenamientos de pedagogía.

Esto es algo que debió hacerse mucho tiempo atrás. Asimismo, siguiendo la iniciativa ecuatoriana, no debe descartarse la posibilidad de importar profesores para la docencia primaria y del bachillerato. Una posible estrategia podría ser adoptar la propuesta que nos realizó la OECD de ubicar los mejores docentes en el primer grado de la primaria en las nuevas escuelas de jornada extendida y luego continuar, peldaño a peldaño.

De esa forma, montaríamos gradualmente la calidad de la enseñanza pública para crear, sin prisas políticas, una nueva generación de dominicano.

Pero son titulados. Otro aspecto que no se puede perder de vista es que esa significativa proporción de profesores que no tiene las competencias para ejercer su función como docente, ha sido titulada en nuestras universidades. Ellas también proveen los improductivos, permanentes y numerosos programas de recapacitación.

Es evidente que algo no funciona bien en la universidad dominicana y que ella es corresponsable de la precaria situación de la enseñanza pública.

Es por ello que la iniciativa gubernamental de importar profesores para incorporarlos a nuestras facultades es un asunto de decisiva importancia, en cuanto podría tener un impacto renovador y promovería mayor rigor en la cátedra universitaria.

En realidad, la calidad de la educación primaria se inicia en el aula universitaria. Por otro lado, es de suma importancia que, en línea con la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo y con las actuales corrientes latinoamericanas, las evaluaciones de los profesores las realice un organismo independiente protegido de las influencias políticas.

En el mismo punto. En la actualidad podemos tener la determinación de hacer las cosas bien, pero al paso del tiempo se impondría de nuevo la lógica política que rige los procesos sociales en nuestro país y posiblemente volveríamos al punto de partida. Las reflexiones anteriores tienen que ser interpretadas en el momento actual en que el Gobierno ha iniciado un programa de reforma educativa que, por su alcance y los recursos comprometidos, supone un rompimiento con el pasado y abre posibilidades ciertas de iniciar un proceso que a la larga rescate a los hijos de las familias pobres de las circunstancias en que nacieron. Es un camino largo y difícil que apenas estamos iniciando.