POR JUAN M. RAMIREZ
La coordinadora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitiano (MUDHA), Sonia Pierre, definió como “discriminatoria e ilegal”  la emisión de una circular de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) que envía a investigación toda petición de expedición o renovación de documentos de identidad que resulte sospechosa.

La activista de los derechos humanos de los dominicanos de ascendencia haitiana consideró “totalmente abusivo” lo que hace el tribunal, de formar equipos para revisar y cancelar documentos de extranjeros.

“Nosotros decimos que estas cancelaciones son discriminatorias, toda vez que se hacen, primero, sin que las personas afectadas tengan ningún tipo de aviso”,  dijo  Pierre.

Condenó que  la JCE haya cancelado más de 17 mil cédulas sin que los afectados hayan sido constatados, lo que definió como una irresponsabilidad del organismo.

“Yo pienso que toda institución responsable deber publicar los nombres de las personas afectadas, conjuntamente con la zona o provincia de donde provienen estos documentos cancelados, a parte de que de hecho es ilegal esa práctica”, precisó,

Pierre estimó que no procede que las cancelaciones de documentos se hagan de manera administrativa, pero sobre todo de manera retroactiva, apoyado en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que se basa en la Ley de Migración, una ley adjetiva que no puede estar por encima de la Constitución.

Castaño Guzmán dijo que cada caso se revisa de manera particular. “Revisamos caso por caso”, dijo y agregó que creó una comisión de validación y cancelaciones, así como una comisión de oficialía que se encarga de eso.

Pierre observó contradicción en la decisión  de la JCE, ya que el mismo presidente del tribunal explicó que la Ley de Migración no tiene aplicación porque no ha sido reglamentada, en tanto admite que se anulan documentos en base esa ley.

“Es decir, que esto es completamente arbitrario”, expresó, mientras negó que los dos relatores de las Naciones Unidas que se encuentran en el país fueran invitados por las Organizaciones no Gubernamentales (ONG).

Sostuvo que los dos relatores vinieron al país invitados por el Estado, ya que ninguna ONG tiene la facultad para hacerlo.

Castaños Guzmán indicó que la JCE no tiene la plataforma tecnológica que le permita hacer esas validaciones de una manera instantánea, “pero realmente empieza con los centros de servicio como el que se instaló en el Centro de los Héroes”.