En el año 2001-02, presidí la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). En dicha condición, fuimos un invitado permanente a participar en el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), que presidía el doctor Marcos Villamán, un eficiente funcionario público asalariado, al cual se le había encomendado la no agradable tarea de proponer la eliminación de aquellos organismos estatales cuyas funciones habían dejado de ser útiles o cuyas labores implicaban una duplicidad con entidades similares existentes en el Estado Dominicano.

   Durante seis meses, dos veces por semana, nos reuníamos en el local del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), en el Centro de los Héroes, en donde, especialistas contratados de Chile, Perú, Guatemala y Honduras, nos motivaban a realizar lucubraciones sobre cuales dependencias estatales creíamos que sus funciones eran, sino innecesarias, al menos podrían ser suprimidas sin afectar el funcionamiento del Estado.  Recordamos entre los participantes, al ingeniero agrónomo Amílcar Romero, en su condición de Secretario de Estado de Agricultura, sustituido por su sucesor el también ingeniero agrónomo Salvador (Chío) Jiménez; el doctor Cesáreo Contreras, presidente en ese entonces de la Asociación de Hacendados y Agricultores, la destacada periodista Altagracia Salazar y otros invitados especialistas en la materia, cuyos nombres escapan a nuestra memoria.

   Los trabajos se iniciaban con una especie de formularios en donde cada participante debía señalar las instituciones públicas que a su parecer eran innecesarias y por lo tanto una carga muy onerosa para el Estado. 

Las que aparecieron con mayor insistencia eran: el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), la Corporación de Empresas Estatales (CORDE), el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y otras entelequias menores cuyos nombres no merecen ser recordados.

   A nuestro entender, el expositor con más luces lo constituyó el experto chileno quien, al parecer, no se percató que con sus críticas mordaces, el titular de la cartera de Agricultura se revolvía en su asiento.  Señaló que en Chile, el Ministerio de Agricultura contaba con apenas unos 1,300 funcionarios y que en el nuestro había más de 18,000; no obstante, mientras su país exportaba más de 22,000 millones de dólares, el nuestro apenas llegaba a unos 700.

 Este exceso de empleomanía anquilosaba la producción agrícola, ya que se había elaborado una enorme cantidad de proyectos, que como consecuencia de esa colosal burocracia no se habían podido concretizar.

 Si me preguntan la causa por qué todas aquellas propuestas hechas por el referido equipo que trabajó con ahínco  en esta intención de modernización del Estado Dominicano fueron inmediatamente archivadas y no trascendieron a la palestra pública, fue por las severas críticas expresadas por los expertos internacionales contratados.

   El Estado Dominicano dilapidó una enorme cantidad de dólares en este proyecto, a pesar de la importancia del mismo. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta su costo, ni en qué recóndito lugar fue archivado para tratar de que el mismo no fuera objeto de ser encasillado como ejemplo de corrupción administrativa.

   La paradoja del destino le ha deparado al CONARE en la presidencia del licenciado Medina; de pasar de una institución reformadora del Estado Dominicano, a la condición de suprimida por inoperante.  Casos tan insólitos como el anterior, sólo suceden en estas denominadas “Repúblicas Bananeras”.