Los acontecimientos que suceden en nuestro país, no  acaecen en  Estados en los cuales hay un orden institucional consuetudinario compacto cuyos ciudadanos respetan, no sólo la Constitución, sino las leyes y las autoridades gubernamentales encargadas de hacerlas cumplir.  Por eso, presenciamos con estupor, cómo un sacerdote jesuita de nombre Regino Martínez, en el puente fronterizo de Dajabón, pretendió erigirse en defensor a rajatabla de miles de haitianos a los cuales la Dirección General de Migración no les permitía la entrada por carecer de los documentos necesarios para penetrar a territorio dominicano.

   En el pasado, hubo también en el Este, otro cura apellidado Hartley, pretendió solazar a hijos de inmigrantes, en su mayoría haitianos, a los cuales nuestra Junta Central Electoral (JCE), se negaba a proporcionarles actas de nacimiento, porque los interesados no habían podido probar, la fecha, lugar y la persona que asistió al parto.  Por lo tanto, este fabulador, español de origen inglés, despotricó y acusó a la familia Vicini de ser los culpables de las penurias y vicisitudes que soportaban estos hijos de inmigrantes.  Llegó hasta desafiar la autoridad  e hizo mutis cuando las autoridades eclesiásticas finalmente se vieron obligadas a tomar una acción enérgica contra este prevaricador.

El sacerdote Regino Martínez, presidente de la organización Solidaridad Fronteriza, fue el centro de un grave incidente entre los indocumentados que pretendían pasar sin cumplir con las leyes migratorias dominicanas, el cual pudo haber causado un grave incidente entre las tropas dominicanas que cumplían  su deber y la arenga incendiaria de este nuevo Hartley, defensor providencial y que con esa actitud, pretendía que se dejaran pasar casi el triple de los que podían cruzar.  Sin embargo, no la emprendió contra las autoridades haitianas, verdaderas culpables de que estos nacionales no tengan documentos de identidad, ya que tienen muy pocas Oficialías Civiles y además pretenden, que sean los empresarios dominicanos y sus empleadores los que paguen por dichos documentos, los cuales tienen un costo muy por encima del poder adquisitivo de los inmigrantes y que tampoco garantizan la permanencia de ese jornalero en su nómina, ya  que actúan siempre como nómadas..

Razón hay que otorgarle al  Ministro de Interior y Policía y su dependencia la Dirección General de Migración, quienes conforme a las leyes y el Reglamento, permitían la entrada de aquellos que tenían sus documentos legales, tal y como sucede en cualquier país que ejercen el derecho de dejar penetrar en su territorio, aquellos que hayan cumplido con las formalidades requeridas para poder hacerlo.

La debilidad de nuestras autoridades se puso de manifiesto, cuando al sacerdote Martínez no fue ni siquiera arrestado por predicar que debían cruzar la frontera a toda costa y mantener una actitud de desafío a la autoridad que en otro país hubiese implicado que se dictase una orden de prisión en su contra, no obstante, su condición de sacerdote, la cual no le otorga una patente de corso.  Asimismo, la iglesia católica también sufre una falta de autoridad, especialmente después que el Cardenal Nicolás López Rodríguez lo amonestó y lo invitó a deponer la actitud de confrontación que tenía con las autoridades de Migración.  Así como Hartley, Ruqouy, Martínez y algún otro religioso retan a su Iglesia sin ser amonestados, asimismo, en el país hay una falta de mando y el mejor ejemplo es el tráfico vehicular.  Aquí, los conductores hacen lo que les viene en ganas y en donde,  tanto la Amet como la Policía, evaden olímpicamente el cumplimiento de su deber haciéndose de la vista gorda cuando ocurre una infracción.

Lo peor del incidente suscitado por el sacerdote Martínez, fue el hecho de que el mercado binacional que se lleva a cabo en Dajabón fue  suspendido y los comerciantes, especialmente los dominicanos, afirmaron perder en negocios más de 60 millones de pesos.  Pero, eso al cura no le  importó, porque el Señor proveerá.