Hoy 
LA ROMANA.- Ha causado conmoción la suspensión de una jueza de La Cámara Civil y Comercial acusada por una abogada de extorsionar con US$6 mil a una empresa extranjera para favorecerla. Reedita lo ocurrido con otros jueces entre ellos el cancelado Rodolfo Frías hace un año, que cometió un error que le costó el cargo.
La jueza Altagracia Sánchez Molina no ha querido dar informaciones hasta tanto se aclare su situación
Ayer el Consejo del Poder Judicial decidió remitir a la Procuraduría General, para investigación, la solicitud de investigación presentada por la abogada Cristina Rodríguez Vargas, contra la jueza.
Supuestamente la magistrada pretendía cobrar a la empresa extranjera para emitir una sentencia a su favor.
La identificación de la magistrada la hizo el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien dijo que será investigada para determinar si hubo alguna violación al Código Penal o a cualquier otra disposición legal.
La clave
Formación
La jueza Sánchez Molina se graduó de Derecho en el 1983 en la Universidad Central del Este. Ha realizado seminarios y diplomados en el área jurídica en la Escuela Nacional de la Judicatura. Tiene un diplomado en procedimiento civil y otro en derecho de trabajo.
La resolución del Consejo del Poder Judicial indica que esa investigación será independiente al proceso que sigue la Inspectoría General de ese organismo.
Dijo que la denuncia fue presentada por la abogada Cristina Rodríguez Vargas, quien también presentó una conversación telefónica de un intermediario, en la que hace constar que el dinero era para Sánchez.
También se han quejado de la jueza los empleados del cabildo, a los que les falló en contra en una listis con el ayuntamiento.
La mujer dijo que hablará a su debido tiempo, cuando concluyan las investigaciones en las que se decidirá su suerte.
