Hoy 
La Dirección General de Contrataciones Públicas informó hoy que la suspensión del sorteo convocado por el Ministerio de Salud Pública para la reparación de 56 hospitales, que debió celebrarse el pasado 15 de agosto, fue necesaria para dar respuesta a reclamaciones de participantes que no aparecieron en la relación de oferentes calificados publicadas el miércoles 14 del corriente mes.
La institución dijo que los reclamantes alegan haber depositado toda la documentación requerida en los pliegos y en otros casos dicen tener pendientes la entrega de documentos considerados subsanables.
Contrataciones Públicas indicó que en el sorteo hubo participación masiva de dos mil 213 ingenieros, arquitectos o empresas del sector, y refirió que tal y como informó en el fin de semana Salud Pública, en los próximos días estará convocando la continuación del proceso.
Declaró que en todos los procesos, las instituciones deben tomar en cuenta dos aspectos fundamentales vinculados al principio de competencia, 1º Que para ser calificados, los oferentes deben reunir los requisitos establecidos en los pliegos; y 2º. Que aún en los procesos declarados de urgencia, deben ofrecer la oportunidad a los participantes, de subsanar las deficiencias detectadas.
Informó que esa entidad sostuvo recientemente un encuentro con el Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CODIA), donde intercambiaron opiniones sobre los sorteos de obras, recibiendo retroalimentación del sector acerca de aspectos que consideran deben ser mejorados.
Estableció que la Dirección se encuentra elaborando un instructivo que deberán seguir todas las entidades que realicen sorteos, de manera que éstas y los oferentes, conozcan de manera detallada el procedimiento a seguir y consideren todas las etapas del proceso.
Manifestó que a solicitud de varias instituciones, y como parte del esquema de monitoreo activo que ejecuta Contrataciones Públicas, ofrece asistencia técnica a instituciones y a Mipymes y proveedores, sin involucrarse directamente en un proceso en particular, ya que esta parte operativa queda a cargo de las entidades por el principio rector del Sistema, de centralización normativa y descentralización operativa.
