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BUENOS AIRES. AP. La complicidad de la jerarquía de la Iglesia católica con la última dictadura militar en Argentina podría quedar al descubierto en el juicio por el asesinato del obispo tercermundista Enrique Angelelli, encubierto como un accidente automovilístico, que comenzó ayer en la provincia de La Rioja.
El tribunal oral en lo criminal federal de La Rioja -al norte de Buenos Aires- juzgará al ex comandante Luciano Benjamín Menéndez, de 86 años, y al ex vicecomodoro Luis Fernando Estrella, de 82, por el homicidio agravado del obispo de esa provincia el 4 de agosto de 1976.
El juicio por el crimen de Angelelli, un obispo que adhirió a la opción por los pobres bajo la influencia del Concilio Vaticano II, representa un caso emblemático en el marco de los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad que se reabrieron a partir de 2003 en Argentina tras la anulación de leyes de amnistía e indultos que protegían a los miembros de las Fuerzas Armadas.
Durante más de tres décadas su muerte se calificó como accidente automovilístico ocurrido mientras se trasladaba junto con otro sacerdote en una camioneta rumbo a la ciudad de La Rioja, desde el poblado de Chamical. La causa se reabrió en 2010 y fue determinante el testimonio del ex cura Arturo Pinto, quien viajaba junto con Angelelli y sobrevivió al siniestro. Según Pinto, un automóvil se les acercó a gran velocidad en la misma dirección que ellos y encerró a la camioneta con una maniobra “intencionalmente brusca” por el lado izquierdo, provocando que volcara.
Según estableció la fiscalía, en aquella época Angelelli estaba dedicado a reunir material para denunciar los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murías y el francés Gabriel Longueville y un laico, ocurridos días antes en Chamical y que por ello había recibido amenazas. Todo el material recogido por Angelelli estaba en una carpeta que el obispo llevaba consigo en el momento del accidente y que luego desapareció.
El fiscal federal Darío Illanes concluyó que el accionar de las Fuerzas Armadas durante el régimen de facto “actuó criminalmente bajo el amparo de la jerarquía de la Iglesia católica en Argentina”. La prueba surge de que las persecuciones a los curas riojanos fueron puestas en conocimiento de la jerarquía regional y nacional.
