El exdirector del INAPA Roberto Rodríguez, acusó ayer al Ministerio Público de querer “castrar” la buena imagen que construyó a través de su trabajo y de su vida política con “fábulas sin sentido”.
Afirmó que los bienes que posee son fruto de un largo período de “esfuerzos, sacrificios y limitaciones”, y no de soborno, lavado de activos, falsedad en declaración jurada y enriquecimiento ilícito como dice el procurador general de la República en su acusación del caso Odebrecht.
“Aborrezco a los corruptos y a los ladrones; nunca nadie me ha dado nada a cambio de algo y por eso me pregunto, qué hago yo aquí”, dijo Rodríguez ante el juez de la instrucción especial Francisco Ortega, luego de que su defensa concluyera la réplica a la acusación que se le hace.
Pide No ha Lugar y sanción para PGR. Rodríguez solicitó al juez dictar Auto de No Ha lugar a su favor; ordene el cese y levantamiento de las medidas de coerción que pesan en su contra, así como cualquier medida preventiva conservatoria que pese sobre su patrimonio, de su familia o de sus empresas; y condene en costas al procurador general, Jean Rodríguez, “por haber actuado con malicia y negligencia” en su perjuicio.
Explica procedencia bienes. En un tiempo récord de menos de doce horas, la defensa de Rodríguez, integrada por los abogados Gustavo Stephen y Francisco Campos explicó la procedencia de los bienes del imputado, y la manipulación de datos e informaciones que habría hecho el MP para tratar de demostrar que el patrimonio del exfuncionario es producto de los ilícitos penales que le atribuye el MP y por lo que procura enviarlo a juicio de fondo.
Afirman los abogados del imputado, que todo lo que ha presentado el MP como enriquecimiento ilícito de Rodríguez, fue adquirido por éste después de seis años de haber cesado en sus funciones como director ejecutivo del INAPA en el año 2004.
Soborno es mentira. La defensa indicó que el cheque por US$1 millón en el que el MP fundamenta el supuesto soborno recibido por Rodríguez y que está a nombre de una cuñada suya que, inexplicablemente nunca fue llamada por el MP para ser entrevistada o interrogada para que ella pudiera esclarecer cualquier duda.
“Llama poderosamente la atención el monto de ese cheque, y hace poco creíble que se refiera a un soborno que involucre una concesión de más de US$160 millones que fue el costo del acueducto de la Línea Noroeste por cuya concesión, según el MP, el imputado recibió soborno”, subrayó la defensa.

Agregaron que Rodríguez no tiene cuenta en el extranjero ni empresas offshore ni existen transferencias millonarias ni nada que coincida en tiempo, espacio y circunstancia con el supuesto hecho punible de soborno.
En el caso del delator Marco Vasconcelos Cruz, afirman que en ningún caso menciona a Rodríguez en ningún tipo de soborno para las firmas de las adendas I y II del acueducto de marras que tanto menciona el MP en su acusación.
Agrega que como si todo eso no fuera suficiente, “ tampoco existen pruebas que le den autoridad, legitimidad, credibilidad a Vasconcelos Cruz” de que él tuvo algo que ver con la negociación y firma del contrato entre Odebrecht y el Estado Dominicano, y de involucrar específicamente al acueducto de la Línea Noroeste, porque no lo sabía.
Malicia en error de cálculo. La defensa dijo que en principio el MP fundamentó la acusación de enriquecimiento ilícito en RD$100 millones que supuestamente encontró en la cuenta bancaria del imputado y que el propio banco se encargó de desmentir al informar que eran RD$100,000.
Agregó que peor aún fue el cálculo que hicieron entre la declaración patrimonial de Rodríguez cuando entró al INAPA en el 2000, y la del 2004 cuando cesó en esas funciones, al afirmar que el imputado incrementó su patrimonio en ese período, en un 55% cuando en realidad fue en un 10%, al pasar de RD$18 millones a RD$20 millones.

“Para el MP poder llegar a ese 55%, lo que hizo fue relatar la lista de todos los bienes muebles e inmuebles del 2000 y da el balance de RD$18 millones; pero cuando se va al 2004, hace un desvío repentino y excluye los muebles, porque ve que estos, en comparación con el 2000 bajaron y los inmobiliarios son más producto de la venta de algunos activos mobiliarios, pero no menciona el balance final que eran RD$20 millones”,

Según la defensa, esa maniobra del MP obedeció a que los RD$20 millones “ no hacen sentido” a su tesis acusatoria de que Rodríguez recibió sumas millonarias en dólares de soborno.
“De manera condenable esta Procuraduría General de la República se atreve a conocer esos resultados con ese cálculo, sacando los bienes mobiliarios y sin mencionar el balance final de RD$20 millones. Con eso es que el MP logra construir esa gráfica presentando una escala ascendente de supuesto incremento patrimonial ilícito”, afirmó la defensa.
En cuanto a tres certificaciones del Registro de Títulos de El Seybo y otro de una parcela del sector La Castellanas donde el imputado tiene su residencia, presentadas también por el MP como prueba del enriquecimiento ilícito, la defensa dijo que esos inmuebles fueron adquiridos en los años 1995, 1996 y 1997, respectivamente. Es decir, antes de Rodríguez llegar al INAPA.

“En su declaración jurada del 2016, o sea 16 años después de su entrada al INAPA, el MP está buscando conectar su nueva función de diputado, en la cual solo duró tres meses por razones de salud, con soborno.
Dijo que ese año el imputado presentó su declaración jurada sin hacer tasación de nada, y su casa, que le había costado RD$4 millones en el 1997, él estimó que al 2016 valía RD$15 millones; otra propiedad adquirida en La Romana por RD$13 millones la declaró con un valor de RD$30 millones, y otra propiedad que le había costado RD$5 millones, la puso con un valor de RD$20.
“Pero por la predisposición a acusar que tiene el Ministerio Publico, sin importarle los anexos, sumó y dice que el imputado aumentó su patrimonio en RD$65 millones en inmuebles., sin ver que es una estimación que Rodríguez ha hecho, que es una “revalorización de activos”.
Igual ocurre cuando el MP dice públicamente que ha encontrado varios cheques a nombre de Roberto Rodríguez y cambiados personalmente por él, cuando eso no se corresponde con la realidad, que esos cheques no están ahí.
Es importante apuntar magistrado, que el tipo penal de enriquecimiento ilícito exige para su configuración, que el mismo se verifique durante el ejercicio de la función pública.
Pero además, el organismo que la ley manda a investigar la Declaración Jurada es a la Cámara de Cuentas y ese análisis no se ha sido depositado aquí por el MP como prueba.