San Juan.- Standard & Poor’s (S&P) mantiene en el penúltimo escalón CC de su calificación y con perspectiva negativa la nota de la deuda de Puerto Rico, a pesar de las dos propuestas de legisladores estadounidenses para afrontar el problema de la millonaria deuda de 72.000 millones de dólares de la isla.

La agencia estadounidense informó hoy a través de un comunicado que no variará su previsión sobre el Estado Libre Asociado y que mantiene el nivel CC, ya que, según mantiene S&P, nada hace pensar que el Gobierno estadounidense asuma el pago de una deuda que asfixia la liquidez de las autoridades de la isla.

S&P subraya que el proyecto de los senadores Orrin Hatch, Charles Grassley y Lisa Murkowski -divulgado el jueves- que establece la creación de la Autoridad para la Responsabilidad Financiera y la Asistencia Gerencial y la concesión de 3.000 millones de dólares para atender los problemas de liquidez inmediatos contará con la oposición del Congreso en Washington.

La agencia estadounidense matiza además que en el hipotético caso de que los 3.000 millones llegarán a las arcas puertorriqueñas, no sería hasta finales de septiembre de 2016. Subraya que esos 3.000 millones de dólares, a pesar de ser una importante ayuda, no supondrían la solución a los problemas estructurales de las finanzas públicas de Puerto Rico ni proporcionarán las condiciones para el comienzo del crecimiento económico que necesita el Estado Libre Asociado para abandonar la crisis.

S&P sostiene que la propuesta de los senadores estadounidenses sería en conjunto positiva, ya que crearía un ente, la Autoridad para la Responsabilidad Financiera y la Asistencia Gerencial, con poder para retener el envío de fondos federales a Puerto Rico en el caso de que no se cumplieran sus directrices. Además, la iniciativa facilitaría contar con información de las cuentas públicas de Puerto Rico más completa que la actual.

El informe de S&P hace también referencia a la propuesta del miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU. Sean Duffy, que propone la creación de un Consejo de Estabilidad Financiera formado por cinco miembros designados por el presidente estadounidense con el consenso del Congreso.

Ese consejo, que tendría la facultad de aprobar presupuestos y de imponer un plan fiscal a 3 años, debería ser aprobado por legislación local en Puerto Rico y permitiría el acceso de la isla al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal. S&P señala que la propuesta de Duffy es muy improbable que sea aceptada por el Congreso estadounidense al incluir el acceso al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.

La agencia estadounidense concluye que el Ejecutivo puertorriqueño se decantará por ofrecer servicios a sus ciudadanos si en el futuro tiene que elegir entre pagar a los acreedores o atender a sus ciudadanos.

El Ejecutivo de Puerto Rico negocia en Washington que se apruebe en el Congreso de EE.UU. legislación que incluya algún tipo de solución a sus problemas de liquidez y la preferencia es que la isla pueda incluirse en el capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.

El Gobierno de la isla pretende que el acuerdo con el Congreso se alcanza de forma inmediata para que se incluya en la pieza legislativa en la que integran todas las asignaciones federales para cada año fiscal, el llamado “Omnibus bill”, que se espera se aprobado durante los próximos días.