Cuando queremos beneficios personales o para allegados porque de una u otra forma llegarían a nosotros, satanizamos hasta a nuestros familiares. Los intereses particulares económicos o políticos están por encima de la sangre y del país.
Ese es el fenómeno que se registra en el comercio y en la política para desacreditar el mecanismo de subastas que actualmente se aplica para las importaciones de rubros agropecuarios y en el cual pueden participar las empresas que deseen. Atribuir mafia a un sistema que es reconocido y defendido por diferentes sectores de la sociedad es desaforado.
El sistema de subastas implementado por el presente Gobierno para las importaciones de los contingentes arancelarios procedentes de Estados Unidos ha resultado favorable para el Estado, consumidores, productores y comerciantes. La transparencia con que la Junta Agroempresarial Dominicana ha manejado el mecanismo ha permitido al fisco captar cerca de RD$3,000 millones.
El mecanismo se ha querido politizar, mientras que un grupo de comerciantes procura que se tire por tierra el sistema para sacar beneficios personales.
La incertidumbre y las quejas de los productores agropecuarios desaparecieron en el campo y en los medios de comunicación a partir de agosto de 2012, cuando el presidente Danilo Medina, mediante el decreto 569-12, cambió el método de administración de los contingentes arancelarios de los productos incluidos en la rectificación técnica de la lista XXIII de la República Dominicana, bajo el tratado de la Organización Mundial de Comercio. Previo a la disposición del mandatario el método utilizado era la designación directa de partidas de importaciones sin control, lo que benefició a un segmento del sector comercial en perjuicio de los productores.
El Presidente hace muy bien al no permitir que ese grupo de comerciantes haga negocios con las importaciones.