Hoy 
LA PAZ (EFE).- El conflicto desatado entre el Gobierno y el Parlamento de Bolivia ha aumentado la tensión entre los dos poderes y le ha granjeado al presidente Carlos Mesa críticas por supuestas actitudes «cesaristas» y «dictatoriales».
El desafío lanzado el viernes por Mesa al Congreso de no promulgar ninguna nueva norma mientras no apruebe la Ley de Cumplimiento y Ejecución del Referéndum que sube de inmediato los impuestos a las petroleras, fue recibido por muchos parlamentarios como una «declaración de guerra».
Como «inconstitucional y dictatorial» calificó hoy la actitud de Mesa el dirigente campesino y líder de la segunda fuerza política del país, Evo Morales, la principal figura de la oposición política en Bolivia.
Para el politólogo Jorge Lazarte, la actitud de Mesa refleja «una personalización muy fuerte del poder» que, a su juicio, no se vio en el último tiempo en el país.
«Ha »presidencializado» el régimen presidencial en Bolivia, que es lo que no había ocurrido en 20 años, y está asumiendo, probablemente sin querer, los rasgos cesaristas, lo que en democracia no es viable», puntualizó.
En analista político agregó que es un efecto del triunfo obtenido por el mandatario en el referéndum sobre el gas del pasado 18 de julio, que en los hechos tuvo un «carácter plebiscitario» sobre el gobierno.
Sin embargo, Lazarte cree que hay mucha distancia entre esa posición y un posible «fujimorazo» y el cierre del Parlamento que temen varios diputados, entre ellos Evo Morales.
En declaraciones a EFE, Morales atribuyó hoy al presidente Mesa una supuesta intención de clausurar el Congreso, como hizo en 1992 el presidente peruano Alberto Fujimori, posición que ha rechazado el Ejecutivo.
El presidente de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Diez, le pidió a Mesa «tranquilizarse» y el de Diputados, Mario Cossio, reivindicó el derecho parlamentario de hacer cambios a las leyes, mientras que otros le calificaron de «chantajista» y «soberbio».
La Constitución le otorga al Congreso la facultad de promulgar una ley si el presidente no lo hace en diez días después de recibirla o no opone observaciones.
No obstante, Mesa ha advertido que vetará cualquier ley que no sea la referida a la consulta popular, lo que obligará a los parlamentarios a establecer alianzas para lograr los dos tercios que permiten sortear el veto del gobernante y promulgar las normas, cuando habitualmente solo requieren de una mayoría simple de votos.
En esta «virtual guerra», el analista político Jorge Lazarte pronosticó que Mesa se verá en la necesidad de retroceder porque cree que los parlamentarios no se rendirán y pueden «trabar la política del Gobierno».
Como independiente, Mesa no tiene ningún representante en el Congreso, formado mayoritariamente por los partidos que hace menos de un año gobernaban con el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado en una revuelta popular que se saldó con más de medio centenar de muertos.
Un portavoz del Gobierno dijo hoy que el Ejecutivo no cambiará su posición, pero buscará nuevos canales de diálogo con el Congreso para resolver el conflicto planteado, a la vez que ratificó que las acusaciones contra el mandatario son «infundadas».
Para la politóloga Ximena Costa, la irritación del Parlamento es solo «discursiva» y es un acto de «supervivencia» y protagonismo en la política tras la crisis que afecta a los partidos.
La aprobación obtenida por Mesa en el referéndum le dieron un «alto grado de legitimidad», no sólo en el país, sino en América Latina, y por lo tanto «el problema mayor va a ser para el Congreso», sostuvo.
Si la confrontación se profundiza, «quien tiene las de perder es el Congreso, porque no cuenta con legitimidad, está en crisis de representatividad, tiene una crisis muy severa de credibilidad política y su imagen está absolutamente deteriorada», sentenció.
Según la experta, la posición de Mesa responde a una «necesidad» para agilizar la aprobación de su proyecto de Ley a la vista del lento proceso de concertación que caracteriza al Congreso.
El mes pasado, Mesa designó en un solo día a 17 autoridades judiciales, incluidos magistrados de la Corte Suprema, luego de que en casi una década los partidos no realizaran las designaciones.
