Con una sobrepoblación carcelaria que en algunos centros supera el 360%, como es el caso de la penitenciaría de La Victoria y con más de 25,700 reos en general, el sistema penitenciario dominicano colapsa poco a poco, alentado en gran medida por el “excesivo uso de prisión” como medida cautelar, a entender de los expertos.

Para el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, esta herramienta se ha convertido en “un abuso de los jueces en busca de popularidad”, impactando de manera negativa a todo el sistema judicial.

En entrevista exclusiva para el Periódico Hoy, Subero Isa expresó que basados en la presunción de inocencia, la cárcel es el último de los recursos a utilizar y se circunscribe a los casos que represente peligro real de fuga, pero que en el país se ha convertido en “la norma”, afectando la percepción que tiene la población sobre la justicia. “Ahora como nunca podemos ver realmente que hay un exceso en ese derecho que le otorga el Código Procesal Penal a los Jueces. Hay que tomar en cuenta que la función fundamental es evitar la fuga, ero aquí se ha convertido en la regla”, sostiene.

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Denuncia que, en términos particulares, la prisión preventiva se ha constituido además en una “condena anticipada”, que lacera la imagen de los imputados. “Estoy convencido que hay un excesivo abuso de la privación de libertad, porque esa persona es inocente hasta que se destruya su presunción de inocencia”, sentenció.

A juicio del extitular de la Suprema Corte de Justicia, si se aplicara de manera correcta el Código Penal en el país no existiera una sobrepoblación carcelaria como la que hay en la actualidad.

A este criterio se suma el defensor del Pueblo Pablo Ulloa, quien cree que la prisión preventiva se usa de forma desmedida. “Prácticamente, el 60% de los presos son con esta característica, por lo tanto, tiene que ser revisada por todos los actores del sistema, no solamente el Poder Judicial, sino el Ministerio Público y los demás”, señala.

Ulloa dijo que “hay una serie de características por las cuales una gran mayoría no debería estar bajo esa medida”, tal como la parte psicológica y las llamadas enfermedades de alto costo como el cáncer, que entiende, “deben caer en una categoría diferenciadora”.

Los reclusos preventivos rondan casi el 70% de los internos. Es decir, de cada 10 privados de libertad, solo 3 tienen condenas establecidas, mientras los otros 7 llevan procesos abiertos sin sentencias, muchos incluso con plazos ya vencidos.

Prisión preventiva que vulnera los DD.HH.

La realidad empeora para los miles de reos hacinados que para el 2021, representaba el 62% de los 27.506 presos para la época, en los centros del antiguo modelo penitenciario.

Un informe publicado por la Defensoría Pública este año, resalta que para el 2022, 62 de cada 100 privados de libertad dormían en el piso o hamacas improvisadas y con altos niveles de insalubridad, además de una marcada falta de acceso a servicios de salud. Por ello, representantes de los Derechos Humanos como el abogado Francis Ciprián coinciden en que los jueces de las oficinas de atención permanente “violentan a diario” el Código Penal Dominicano y la propia Constitución, indicando que la libertad es “la regla” y la prisión “la excepción”.

Alberto Díaz, presidente de la Organización Internacional de Derechos Humanos (OIDH), denuncia que una gran cantidad de reclusos tienen enfermedades terminales, lo que también presiona el sistema carcelario y empeora la realidad de los internos.

Sin embargo, reconoce que “si se resuelve el problema, se rompe la cadena de corrupción”, que inicia con el proceso cautelar y alcanza hasta a los mismos agentes encargados de custodiar los centros.