Subero Isa tiene la  esperanza de que las cosas se queden como están, “por lo que esperamos que los asambleístas puedan recapacitar y no le presten mucha atención al proyecto de reforma enviado por el Poder Ejecutivo”

En el país no existirá seguridad jurídica si se aprueban, en el proyecto de reforma constitucional que conoce la Asamblea Revisora, la Sala Constitucional y el Tribunal Tributario Administrativo, afirmó ayer el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa. Dijo  que esa modificación representa el retroceso institucional más grande de los últimos 40 años. “Si esos dos aspectos se excluyen de la sombrilla de la SCJ no habría Poder Judicial y el ciudadano caería en un estado de indefensión total”, dijo el magistrado, al resaltar  que lo que se  persigue es  el descalabro de esas  instancias.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) afirmó que uno de los grandes defectos que tiene la administración pública en la República Dominicana y que fomenta la corrupción,  es precisamente la carencia de mecanismos de rendición de cuentas.

Al participar en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, el doctor Jorge Subero Isa, aseguró que hoy día la rendición de cuentas  es un instrumento necesario e  importante para todas las instituciones “principalmente para las que manejan recursos públicos”, insistió.

Cuestionado sobre los sistemas de consecuencias que existen para los funcionarios públicos que no presentan sus declaraciones juradas a tiempo, el presidente del más alto tribunal precisó que en el Poder Judicial “eso no pasa”.

Explicó que anualmente los jueces deben hacer declaraciones juradas y si él, que revisa de manera personal los reportes, nota la existencia de algún incremento que no pueda ser justificado con el ingreso de la persona verificada, ordena una investigación que de confirmar la existencia de irregularidades en el incremento de los bienes traduce a ese magistrado a juicio disciplinario.

Subero Isa, en relación a la corrupción administrativa, defendió la creación de un fiscal general anticorrupción que no sea designado por el Poder Ejecutivo.

“Cuando lo propuse encontré muchas voces en contra, pero es lo que creo”, indicó el magistrado.

CPP e hipergarantismo.  En otro orden, Subero Isa advirtió sobre el ‘hipergarantismo’ en que pueden caer algunos jueces en la aplicación del Código Procesal Penal (CPP).

Dijo que en comparación con el antiguo Código de Procedimiento Criminal, el CPP tiene muchas ventajas, dentro de las que citó que el juez penal no puede decidir por la íntima convicción sino que tiene que exponer cual es la razón por la que tomó una decisión o no.

Sin embargo, aclaró el presidente de la Suprema, “eso no significa necesariamente que muchos jueces hayan caído en lo que es el ‘hipergarantísmo’, es decir en dar primacía sobre todas las cosas al derecho individual de esa persona, en detrimento, posiblemente, del derecho de la sociedad”.

Al respecto, exhortó a los jueces a tomar en cuenta el interés de la sociedad, sin desmedro de la libertad individual de la persona.

 CPP no fomenta impunidad.  Ahondando en el tema de la nueva normativa procesal penal, la doctora Laura Hernández, directora nacional de la Defensa Pública, aseguró que constituye un mito el hecho de que el CPP fomenta la impunidad.

“No es cierto que las personas estén en las calles como consecuencia del CPP”, insistió y recordó que en el último y único censo carcelario realizado en el 2006 la población carcelaria era de 12,706 y actualmente sobrepasa los 17,500.

En ese sentido, el director ejecutivo del programa de jurisdicción inmobiliaria, Helder Tavárez argumentó que con el Código anterior había que esperar hasta 30 meses para una sentencia firme, “y con el nuevo código se llega allí en sólo 10 meses”, precisó tras afirmar que hay una reducción de un 200% en el tiempo de los casos en la justicia.

Mayoría casos prescribían.  Tavárez explicó que en el sistema anterior se resolvían más casos por prescripción que por resolución y que el paso del código viejo al nuevo supuso el expurgo de 450 mil casos, que equivalían a una acumulación de alrededor de 25 mil casos por 20 años.

 Operadores del sistema.   Cuestionada sobre personas puestas en libertad aún con evidencias que lo incriminen, Hernández dijo que hay que insistir en la labor de los demás operadores del sistema porque se necesitan expedientes bien instrumentados y pruebas que los sostengan ante el juez.

  Presidente SCJ afirma RD adolece de una justicia que es ‘cara y onerosa’

Subero Isa calificó como una barbaridad  el costo de la justicia en la República Dominicana, de la que dijo es  muy cara y  muy onerosa en pago de impuestos y de sellos, sin contar con los honorarios que se deben pagar a los abogados.

Puso como ejemplo que una persona que inicie un proceso para recuperar RD$50 mil, debe gastar al menos RD$15 ó RD$10 mil.

 Explicó que todo dependerá  del juicio de que se trate si es penal, civil, contencioso tributario, contencioso administrativo, un juicio penal que es donde menos oneroso resulta, “porque nosotros hemos adoptado decisiones donde hemos exonerado a la jurisdicción penal de una serie de impuestos y de sellos”, precisó, empero,  que el acceso a la justicia se encuentra limitado por el encarecimiento de que resultan de esos servicios judiciales.

Sin embargo, el magistrado aclaró que ese elevado costo no es por el  Poder Judicial sino por los sellos, impuestos y recibos.

Aclaró que contario a lo que muchos creen esos recursos no van a las arcas del Poder Judicial, “muchas veces la gente se confunde lo único que recibe el Poder Judicial es lo que mensualmente le envía la Tesorería Nacional y que está consignado en el Presupuesto Nacional”, argumentó.

Expuso que hay procesos judiciales que se pueden hacer sin necesidad de los abogados, pero no se podrían hacer sin los sellos o los pagos de impuestos.

Otro aspecto que citó el presidente de la SCJ sobre el acceso a la justicia es la distancia de los tribunales que hay en algunos lugares a los que hay que trasladar a los presos, que, según dijo, muchas veces tienen que cargar con el costo de vehículos que los lleven a que se les conozcan sus roles.

“Por ejemplo  los presos de Ocoa hay que llevarlos a Baní, pero muchas veces los presos de Elías Piña hay que llevarlos a San Juan de la Maguana”, indicó el presidente del más alto tribunal del país.