Durante las discusiones sobre el incremento de la inversión pública, para lograr que un segmento de la población pueda salir de la pobreza, no quedó claro si el mecanismo que utilizaría el Gobierno sería el de incrementar las cargas impositivas.

Magdalena Lizardo, directora de la Unidad de Análisis Económico del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo planteó que la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 está llamando a una movilización de recursos hacia objetivos de desarrollo y la financiación pública, con un manto de pacto social.

Tenemos un techo que es una presión tributaria que tiene que enfrentar decisiones sociales y de servicio de deuda, y hemos ido agregando compromisos que establecen obligaciones a las que no se les han creado los ingresos que permitan financiarlas.

Esa explicación no satisfizo a los periodistas, quienes querían un sí o un no con relación a una nueva reforma fiscal.

La presión arrojó esta respuesta de la funcionaria: una agenda de desarrollo productivo y social implica replantearse el problema del financiamiento.

Miguel Ceara-Hatto, director de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), planteó que la sociedad debe empoderarse con el tema fiscal. La gente debe decir que está dispuesta a pagar más impuestos si hay eficiencia, prioridades y racionalización del gasto.

A la discusión se unió Rosa Cañete, subcoordinadora de la agencia, quien dijo que no se puede hablar de impuestos sin hablar de gastos.

De lo que tenemos que hablar primero es de cómo se van a invertir los recursos para luego saber qué impuestos serían necesarios para poner en marcha los programas sociales.