Cuando una autoridad omite el registro de un recién nacido, la falta tiene todas las pintas de una especie de exclusión social. Y es inexcusable que a estas alturas de nuestro progreso todavía haya subregistro de al menos un 12 por ciento de los niños que nacen en hospitales públicos, que son centros debidamente autorizados para esa tarea primordial en todo Estado organizado. En el país existen los instrumentos jurídicos necesarios para que ningún recién nacido salga de un hospital o clínica sin ser debidamente asentado.
Este subregistro alarma al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), pues además de obligación de Estado, el registro de nacimiento es un derecho de cada niño que viene al mundo. El miércoles, en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, la señora Rosa Elcarte, representante local, y Eduardo Gallardo, experto al servicio del organismo, citaron datos de la encuesta Enhogar en las que consta el subregistro de infantes en nuestros hospitales.
El Gobierno, que está obligado a abolir toda forma de exclusión social, tiene que trabajar con más énfasis para hacer que se cumplan las normas en materia de registro de nacimiento. Aquí existen las herramientas jurídicas necesarias para cumplir esa tarea, de manera que el subregistro en esta materia es sencillamente inexcusable.

Suministrar agua sin dilación

El paso de Irma sacó de servicio 30 acueductos y más de un millón de personas necesitan que se les suministre agua en condiciones aptas para consumo humano y a la mayor brevedad. Este servicio es vital para disminuir los riesgos de enfermedades entre los habitantes de las poblaciones afectadas. Los acueductos han quedado inutilizables debido a diversas causas, entre ellas infiltración de sedimentos y lodo en sus tomas, ruptura de tuberías y salida de operación de sistemas de bombeo por averías eléctricas.
Mientras los técnicos trabajan para hacer las reparaciones pertinentes, debe haber un suministro de agua potable en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades en Santiago, Samaná, y la provincia Duarte, entre otras afectadas por la salida de servicio de sus acueductos.