Ahora que funcionarios de organismos internacionales decidieron reconocer que no podemos seguir el ritmo de endeudamiento que ha venido financiando nuestros déficits, resulta imperativo examinar subsidios causantes de ellos, especialmente aquellos que presentan signos borrascosos. El principal, el eléctrico, por sugerir que termina financiando ganancias excesivas de empresas.

Los Indicadores de Suministro de Energía publicados en el portal electrónico de la CDEEE consignan un precio de energía comprada por  distribuidoras, tanto  en mercado de contratos (90% del total) como en el mercado spot, de US$ 0.15 por kwh (¿?).  Este precio es US$0.05 más alto que los vigentes internacionalmente, situados en US$0.10, perjudicando presupuestos familiares y nuestra competitividad; sobreprecio originado en la no aplicación del sistema de compras instituido en las leyes vigentes- General de Electricidad y de Compras Gubernamentales- que  obligan  licitar las compras en lugar de su fijación mediante un borrascoso sistema guiado por contratos, fórmulas y decisiones administrativas.

Como las compras anualizadas se estiman de 14,000 millones de kilovatios hora (kwh), cada centavo de reducción en el precio de compra de la energía traduciría economías por US$ 140 millones.  De obtener reducciones por US$0.05/kwh, diferencia entre el precio nacional e internacional, traduciría  economías por 700 millones de dólares, monto equivalente al subsidio. Las borrascas aumentan cuando el subsidio se financia con préstamos otorgados o viabilizados por  organismos que hoy critican el endeudamiento.

En los combustibles, el subsidio se ensombrece por engañifas similares a las que practican comerciantes especuladores que previamente aumentan precios para luego aplicar descuentos. Mientras en la energía se ignoran los precios internacionales, en los  combustibles se aferran a una borrascosa paridad de importación tomada de revistas extranjeras que consignan precios para productos de alta calidad diferentes a los consumidos localmente; a los que le suman impuestos indexados, márgenes y comisiones que financian burocracia y subsidios generadores de privilegios y clientelismo. Lo transparente sería aplicar el precio real aun cuando no se subsidie o modificar la ley para que la competencia rija precios en función de la calidad del producto ofrecido.

Finalmente los subsidios sociales, que están acentuando la estatización de nuestra economía por tocar, junto a la burocracia, la totalidad de las familias dominicanas. En lugar de reorientar la política económica para generar empleos y reducir el número de necesitados de subsidios, las autoridades mantienen la economía rentista; compensando al necesitado con dinero, inhibiendo su capacidad de emprendimiento, aumentando la dependencia clientelista y fomentando el ocio madre de vicios.

Transitar hacia la economía fiscal superavitaria, partiendo de la hoy deficitaria, como se ha comprometido el gobierno, requerirá actuar sobre estos subsidios borrascosos.