POR CLAUDIO CABRERA
Aunque los organismos multilaterales internacionales mantienen una posición congruente, en términos de aplicación de las políticas macroeconómicas en los países en vías de desarrollo, en el caso dominicano el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) difieren sobre el papel de los subsidios dentro del espectro económico, al señalar esta última entidad que los subsidios y transferencias entregados por el gobierno son reducidos en comparación con otros países de la región y del Caribe.

En el documento «República Dominicana: Informe sobre el Gasto Público», recién editado por el BM, se afirma que el paquete de subsidios y transferencias en el país es bajo «si se compara con otros países de América Latina y el Caribe, donde muchos de ellos, especialmente los grandes gobiernos federales, realizan transferencias significativas a sus gobiernos locales».

El informe sostiene que los subsidios y transferencias en la República Dominicana representaron un promedio de casi un 3% del Producto Bruto Interno (PBI) para el país entre 1998 y el 2000, comparado con un 16.5% del PBI en Brasil y un 9.3%, en Argentina.

Debido a los problemas confrontados por las autoridades para cubrir los subsidios que tradicionalmente atienden los gobiernos, canalizados para la distribución a los sectores empobrecidos del Gas Licuado de Petróleo (GLP) o «gas propano», para el servicio de energía eléctrica, para el servicio de agua potable, transporte público, sistemas de educación y recreativos y de comunicación, el FMI planteó la necesidad de su eliminación tras la firma del acuerdo Stand By acordado con ese organismo.

«En la República Dominicana, si bien el porcentaje de las transferencias a gobiernos locales se ha ido incrementando durante los últimos siete años, aún representan menos del 1% del PBI o el 5% del gasto total del Gobierno central», se indica en el citado informe del BM.

Resalta que tanto los subsidios como las transferencias corrientes del Gobierno central, se han incrementado durante los últimos años.

Indica que desde un promedio de un 1.9% del PBI entre 1987 al 96, se ha alcanzado casi un 3% desde 1997, aumento que es el resultado de mayores asignaciones por transferencias del sector público, becas y viajes de estudio y subsidios a instituciones privadas.

Entre 1997 y el 2000 esto representó un 1.9%, el 0.35% y el 0.99% del PBI, respectivamente.

De hecho, si la crisis mostró con toda desnudez la inequidad de un sistema económico que tiende a sesgar los mayores beneficios a sectores privilegiados a través del sistema bancario tradicional, también ha puesto de relieve que con la aplicación de los subsidios apenas se otorgaban «migajas» a los dominicanos que los recibían a través del GLP y del servicio energético, si se comparan a los más de RD$50,000 millones dados para beneficios de unos cuantos banqueros que ahora se mueven en la impunidad.

¿Por dónde vienen?

El informe del organismo multilateral sostiene que los subsidios y las transferencias al sector público son esencialmente canalizados a través de las secretarías, de Agricultura, Finanzas, Educación e Interior y Policía.

«Estas cuatro instituciones desembolsaron el 85% de las transferencias al sector público durante el período 1997-2000», resalta.

El Congreso Nacional hace poco aprobó un proyecto de ley que incrementaría las transferencias desde el Gobierno central a los ayuntamientos a un 8% de las recaudaciones internas del Gobierno.

Los organismos municipales también participan en alto grado de la distribución de subsidios y transferencias del Gobierno central.

Si se sustraen las transferencias, de acuerdo con el organismo, la República Dominicana presenta relativamente un alto nivel de subsidios.

No obstante, sostiene que al 2001 los subsidios fueron del orden del 1.3% del PBI, nivel considerable en relación con otros cinco países de la región y del Caribe, si se toma en cuenta aquellos en que se dispone de la información en tal sentido.

Aunque en el país los subsidios se han incrementado significativamente entre 1995 y 1998, hasta alcanzar el 1.7% del PBI o un 11% del gasto el Gobierno central, a comienzos de 1999 el porcentaje de PBI destinado a subsidio, bajó.

Esto se produjo «mayormente por la reducción del subsidio a la energía eléctrica». Al 2001 estos subsidios representaron un 1.3% del PBI, igual al 8% del gasto corriente del Gobierno central.

¿Por dónde salen?

Tradicionalmente, el país destina los subsidios a los servicios más sensibles que implican un alto componente de importación, como es el caso de los combustibles como GLP y energía eléctrica.

En el primer caso se benefician del subsidio millares de amas de casa de sectores muy pobres, aunque dicho subsidio ha mitigado las difíciles condiciones de vida de sectores de clase media, cuyos ingresos mermaron como producto de la gran crisis económica que se desató en el país desde que quebraron los tres bancos, incluyendo a Banínter.

Esto propagó una inflación a todos los niveles, producto de las decisiones asumidas en ese entonces desde el Banco Central para proteger a todos los depositantes, incluyendo los que mayores riesgos asumieron para obtener mayores ingresos por depósitos especulativos.

El subsidio también ha beneficiado a los hogares con menores ingresos en sectores pobres, lo cual también ha favorecido a gran parte de la clase media, cuyas condiciones de vida se han hundido tras la crisis con la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, afectados a través de los sueldos y salarios que devengaban.

Purga al subsidio

El documento del Banco Mundial sostiene que el subsidio a la electricidad, el más importante en la última década, ha disminuido significativamente en los últimos años, después de una importante reforma que reemplazó los subsidios no dirigidos por subsidios dirigidos.

El cambio se efectuó para beneficio de los hogares pobres en el 2002, cuando a consecuencia del alza en los precios internacionales del petróleo, el subsidio generalizado en el sector se hizo insostenible.

«Además de la electricidad -cita el documento del BM-, otros subsidios que toman importancia están dirigidos al gas propano para uso doméstico y al suministro de agua».

Al 2001 las compañías de agua y alcantarillado, como la CAASD, Inapa y Coraasan, recibieron el nivel más alto de subsidios.

Pero el intento de reducir el subsidio a la electricidad se vio frustrado debido a la crisis del sector financiero del 2003 y a la fuerte depreciación del peso resultante, se añade.

Los costos para la generación de energía incrementaron a medida que los precios del combustible aumentaban, provocando precios más altos para los consumidores, aún con retraso regulatorio de dos meses.

El gobierno restableció los subsidios a pequeños negocios y al consumo de los primeros 300 kv/h de los consumidores residenciales.

A pesar de ello, no se materializaron transferencias al fondo de estabilización y junto al retraso regulatorio de dos meses para el ajuste de tarifas, «se produjo una crisis financiera y de liquidez para los distribuidores, la falta de pago a los generadores, deficiencias en la disponibilidad de energía y una nueva ronda de disturbios sociales».

Propone el organismo que para volver a regularizar el sistema energético se debe, entre otras cuestiones, reducir los subsidios para los grandes consumidores, proteger a los consumidores de menos de 200 kv/h, continuar los programas en los barrios pobres para mejorar el suministro y cobro de energía subsidiada y realizar pagos parciales a las compañías generadoras de electricidad, a modo de asegurar un nivel mínimo de generación en los próximos meses.