El reto está lanzado: la opción escogida por el Gobierno es que el servicio eléctrico se convierta en eficiente sin depender de subsidios, pues se trata de una asistencia económica de un  alto costo pagado por los contribuyentes, y que de todos modos no resuelve los problemas básicos del sector.

Con cautela y racionalidad las autoridades nacionales hablan de un desmonte gradual de las subvenciones que onerosamente consisten en absorber las alzas del petróleo en vez de transferirlas al usuario, por un lado, y por el otro compensar a las distribuidoras por la aguda insuficiencia de pago de los consumidores.

La situación generalizada y permanente de robar electricidad mediante conexiones ilegales o de pagar menos a través de fraudes en medidores, es un plato roto que el Fisco se está ocupando de pagar.

Opera como una sanción a la nación y la mantiene atrapada en distorsiones e ineficiencias por las que tienen que pagar justos y pecadores.

Eso tiene que acabarse y el plazo que el Gobierno se plantea es de unos tres años, tiempo en el que tendrán que desaparecer –entre otras cosas- las generosas reglas y contratos que obligan al usuario regular a pagar muy caro el fluido eléctrico para garantizar una rentabilidad por encima de lo normal a las compañías generadoras y otros agentes del sistema.

En ese plazo tiene que reducirse también el costo básico de producir la corriente, para lo que el Estado licitó la instalación de por lo menos dos plantas a carbón.

Así iríamos hacia un primer gran logro en el camino de reducir la dependencia del petróleo.

Contémplanse otras importantes inversiones con el mismo propósito, como será la construcción de más hidroeléctricas y una nueva  infraestructura de primer orden para mejorar la transmisión de electricidad hacia el Cibao, reduciendo pérdidas.

– II –

Es acertado que el Gobierno trate de acabar la era de los subsidios perjudiciales atacando las causas de los males que con ellos trata de conjurar, pero a los problemas de la generación y de las distribuidoras (que fracasan en mejorar la cobranza) constituyen sólo un aspecto del asunto.

El otro es que en un país atrapado por decenios en apagones, las fallas del sistema representan un enorme perjuicio contra el cual el consumidor se ha defendido con uñas y dientes.

De los bolsillos de los que pagan cara la luz, muchas veces salen también inversiones en hogares y medios de producción en procura de una onerosa autosuficiencia. Y todo el que ha sido víctima del círculo vicioso de la ineficiencia eléctrica aspira a una relación más justa con los proveedores del fluido.

La evasión del pago de la facturación eléctrica ha tenido causas y motivaciones contundentes.

Pero ha llegado la hora de buscar un cambio importante en el mercado eléctrico, para lo que será necesario crear un marco de regularidad en el suministro y de racionalidad en los costos.

Sólo así las autoridades podrían imponer la regla -que en otras sociedades es inviolable- de que todo el que consuma luz la pague tal y como cuesta generarla y distribuirla, lo que obligaría a aplicar la ley con rigor y amplitud.

Las únicas excepciones serían los hogares de pobreza extrema. Está claro sin embargo que los mayores enemigos de que eso se cumpla serían los grandes consumidores, influyentes y de poder económico y político, pues son ellos los que más sustraen electricidad y de ellos proviene siempre la presión fuerte para que las distorsiones se mantengan, incluyendo los subsidios.