2019 ha puesto fin a uno de los experimentos más controvertidos y pioneros de cuantos se han hecho sobre las bondades de la renta básica universal (RBU), al menos en el seno de la Unión Europea.
Desde hace dos años Fin- landia ha estado pagando 560 euros al mes a 2.000 parados para analizar de qué manera se podía estimular así el mercado laboral.
El proyecto piloto debía entrar ahora en una segunda fase, en la que se incluyera a segmentos de la población no necesariamente sin trabajo, pero este experimento ya no verá la luz.
Al cumplirse los dos años que se concedieron al proyecto piloto, el Gobierno fin landés ha decidido no renovarlo. Finlandia llamó la atención del mundo entero en 2015 cuando anunció su intención de poner en marcha este experimento.
Iba a ser el primer país en instaurar, si los programas experimentales salían bien, una renta básica universal. Todo empezaba con un programa experimental bianual, que transcurriría entre 2017 y 2018, con una muestra de población focalizada de 2.000 ciudadanos y con una dotación inicial de unos 20 millones de euros.
Los beneficiarios de esta primera fase de la muestra se seleccionaron aleatoriamente entre un segmento de población que recibía por entonces algún tipo de subsidio por desempleo -de ahí que técnicamente no pudiera hablarse de renta básica universal, por afectar exclusivamente a población sin empleo- y recibirían la cuantía mensual de 560 euros sin condiciones.
La Kela, el sistema de Seguridad Social finlandés, quedaba encargado de supervisar el desarrollo del proyecto y de ver el impacto que esta renta provocaba en la búsqueda de empleo, en la sostenibilidad de las pensiones, en la burocracia, pero también otros diversos factores, como la compra de medicinas o el pago de impuestos, por ejemplo.
El derecho a estos 560 euros de esta renta -al contrario de lo que ocurre con un subsidio de desempleo- no se perdía a lo largo de estos dos años aunque el beneficiario encontrara un puesto de trabajo.
El experimento fue criticado y aplaudido desde su nacimiento por distintos espectros políticos y económicos.
Sus defensores consideraban que era un escenario a explorar ante el imparable avance de la robotización del mercado laboral, entre otras cosas, y sus detractores creían que desincentivaba la búsqueda de empleo.
El hecho de que fuera un Gobierno conservador, como el del primer ministro Juha Sipilä, el primero en explorar esta vía de forma oficial fue una sorpresa.
Algunos veían en él un primer paso para eliminar todas las ayudas sociales.
A pesar de que la Kela aún no ha hecho públicas las conclusiones del experimento -se espera un avance en los próximas semanas y un informe completo a finales de año o comienzos de 2020- el Ejecutivo finlandés decidió en abril no seguir adelante con él en su segunda fase.