La decisión “salomónica” de la Junta Central Electoral (JCE), de permitir el voto de arrastre en las demarcaciones que tienen en conjunto el 59% de los electores, contraría abiertamente los artículos Nos.77 y 208 de la Constitución de la República y el artículo No. 92 de la Ley No.15-19 del Régimen Electoral, que garantizan el voto directo de los senadores y condiciones de igualdad para todos, tal como señalan los artículos 8,39 y 73 de la Constitución.
No es posible cumplir con la Constitución y la Ley Electoral en 26 provincias y no hacerlo en 6 demarcaciones. Es un adefesio jurídico inaceptable, que pone en tela de juicio la idoneidad de la JCE para administrar unas elecciones como las del 2020, tan importantes para la República Dominicana.
La JCE ya tomó algunas decisiones controversiales, como obligar al Partido Revolucionario Moderno a pagar por las elecciones primarias universales que hará el PLD en lugar de solo lo que requieren para las primarias cerradas que ha demandado, y no participar en las convenciones para el exterior que demanda el sistema dominicano. Ahora también adquiere equipos para un “voto automatizado” que si bien pueden servir para las primarias porque no hay confrontación directa entre los partidos, no supone garantías para las elecciones generales, porque bastaría una fracción de segundo “On Line” para que un experto en “Hakeos” haga de las suyas como los que han estado al servicio del PLD en elecciones anteriores en favor del Partido en el poder, sobre todo si no se establece que en caso de discrepancia el conteo manual primará en los resultados electorales.
El control de las juntas electorales municipales, la composición de los colegios electorales, la determinación de quienes controlan los materiales electorales antes del día de las elecciones, de donde pueden salir los “fraudes en cadena”, el uso de la autoridad policial para fraudes sin participación efectiva de una fiscalía realmente independiente, la eventual anulación de elecciones por resultados “indeseados” y la validación de otros con fraudes manifiestos; son parte de los problemas que pueden presentarse y ser objetos de la interpretación interesada por una JCE predispuesta a favor del gobierno.
No podemos bajo ningún concepto aceptar violaciones a la Constitución y las leyes como la infortunada de la JCE, porque ello equivaldría a renunciar por anticipado a una justa comicial imparcial.
La falta de respeto a la ley electoral, documentada por un anuncio de apoyo a la reelección del ministro de Obras Públicas, con una imagen del logo de ese ministerio, desconociendo abiertamente el juramento del jefe del Poder Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, es sencillamente una barbaridad…
No se trata aquí de infracciones que pueden ser toleradas o aceptadas en silencio, porque el destino de la nación está en juego.
“Sufragio efectivo y no reelección” fue la bandera de lucha en México contra la dictadura positivista de Porfirio Díaz, que sirvió también para superar la dictadura de Partido PRI, 70 años después con el voto popular.
La JCE, compuesta por hombres y mujeres con capacidad intelectual para comprender la responsabilidad histórica que tienen por delante, deben poner a ese organismo al servicio de la verdad y la constitucionalidad dominicana.