Uno de los factores importantes de encarecimiento del costo de la vida en Santo Domingo es el transporte público no sólo por su vinculación a los precios en alza de los derivados del petróleo.

También porque es infuncional, desorganizado y en gran medida operado por grupos de propietarios de buses y carros más interesados en el lucro que en la calidad del servicio, mientras lo que hace el gobierno a través de la OMSA se ha quedado en muy pequeña escala  y con una flota de autobuses que disminuye por falta de reposición y mantenimiento.

Inclúyase en su comportamiento negativo el  hecho de que, injustamente, suelen basarse en los aumentos de precios de la gasolina para pretender que la tarifa de su servicio  suba también, a pesar de que en realidad todos sus vehículos son movidos  por gas propano, subsidiado, y por gas oil, más eficiente y económico.

Los transportistas organizados, tan resueltos a cobrar caro por lo que hacen, pero no a someterse a reglas que organicen las rutas y  los horarios, han tenido siempre todo el apoyo del Estado.

A través de lo que se llamó Renove, -que ha estado manchado hondamente por expedientes de irregularidades- y de otros programas que  precedieron, el contribuyente ha sido sacrificado  durante años con miles de millones de pesos salidos de sus bolsillos  para que un nutrido conglomerado de transportistas recibieran abundantes créditos y exoneraciones para convertirse en dueños de guaguas, distribuciones que se han sucedido sin garantías de que lo prestado beneficiará realmente al usuario, y mucho menos de que los deudores responderán bien por lo adeudado.

En medio de este panorama, tan favorable a los grupos que dominan rutas, y tan perjudicial para la gente común que necesita del transporte, últimamente  las autoridades han tenido, al menos, la sensatez de resistir los empeñosos reclamos de quienes al volante de buses que provienen mayormente de la generosidad de los gobiernos populistas,  insisten en subir los pasajes más allá de lo equitativo.

Protestan y reclaman como si los malos tiempos de la economía sólo los afectaran a ellos y pretendiendo que la solución a la ineficiencia y el desorden que les encarece costos más que el propio petróleo, sea pagada por los usuarios.

-II-

Sucede que el ingreso promedio de cualquier jornalero, obrero, artesano o empleado de empresas privadas con salarios congelados, es con toda seguridad  inferior a lo que se agencian los choferes que acortan rutas y acomodan su horario de trabajo a las horas pico,  en perjuicio de muchos ciudadanos que necesitan que también haya guaguas a deshoras.

Además se trata en parte de operadores de transporte  a los que no les preocupan las condiciones, a veces desastrosas, de sus vehículos, obligando a los pasajeros a viajar inadecuadamente.

Adicionalmente merece resaltarse que Santo Domingo es una ciudad difícil de transitar  por varias causas, entre las que está  el masivo comportamiento irrespetuoso de muchos choferes públicos que violan los semáforos, conduciendo  con temeridad al rebasar y estacionándose donde no deben.

Estos lamentables comportamientos incluyen a muchos taxistas que eluden las regulaciones vigentes que los organismos correspondientes han echado al olvido.

Aplican tarifas abusivas y en su rivalidad por captar clientes se mueven a exceso de velocidad y con imprudencia por muchas vías capitalinas.

Cualquier alza  de pasajes que exceda lo que con buen juicio ordenen las autoridades, sería una odiosa imposición contra el pueblo llano, que está en franco desacuerdo.

La gente rechaza en la calle  las alzas  injustas de los choferes. Basta con asomar el oído a las paradas y esquinas de la ciudad para convencerse de que los usuarios se sienten extraordinariamente perjudicados por los transportistas.