POR MARIO MÉNDEZ
El economista Héctor Guiliani Cury exhortó al gobierno a incluir en el Presupuesto General de la nación del 2007 el monto estimado de gastos por concepto de expropiaciones de propiedades de parte del Estado.

Explicó que con la asignación de una partida presupuestal para estos fines se lograría que el Estado compense a los afectados por acciones de este tipo en el curso del año fiscal por el Estado.

Asimismo, consideró que la Secretaría de Estado de Obras Públicas y la Fiscalizadora de Obras del Estado deben incluir en sus estimados de gastos en obras de infraestructuras el valor de mercado de los terrenos y viviendas a ser expropiados.

Guiliani Cury consideró que la inclusión del valor estimado de las expropiaciones en el Presupuesto de Ley de Gasto Público del 2007 evitaría que se subestime el monto de gasto estimado en el presupuesto, lo que mejoraría la transparencia fiscal.

También se aseguraría que a los afectados sean compensados por la expropiación de sus propiedades en el mismo año en que el Estado asume la posesión de esos bienes.

En la actualidad, los ciudadanos dominicanos y extranjeros afectados por decisiones de expropiación del gobierno dominicano tienen que esperar años para recibir el pago por los bienes expropiados. Además, luego de esperar varios años para recibir algún tipo de compensación, el Estado dominicano les paga con bonos a tasas de interés por debajo del mercado.

Esta práctica resulta en una doble pérdida para los afectados. Por un lado, sus propiedades son valoradas a precios por debajo del valor de mercado y, por el otro, reciben, unos bonos que los afectados tienen que vender con grandes descuentos sobres u valor facial en el mercado debido a las bajas tasas de interés que estos devengan y a la inseguridad de que el Estado honrará sus compromisos de pago de intereses y capital en el futuro.

“Por ejemplo, una propiedad cuyo valor de mercado es de 5 millones de pesos puede ser valorada por 3 millones, pero al recibir el pago en bonos los afectados tienen que venderlo por la mitad del valor facial , es decir con descuentos de hasta 50% para bonos a cuatro años”, agregó.

Dijo que la inclusión de estos montos en el Presupuesto también contribuiría a mejorar la transparencia en las finanzas públicas y en la ejecución del Presupuesto, ya que en la actualidad el presupuesto se encuentra subestimado por el valor de las expropiaciones que realiza el estado. La inclusión de esta partida en el Presupuesto también contribuiría  a reflejar el verdadero costo de las obras de infraestructuras para el país y a exigir mayor disciplina financiera a las instituciones encargadas de ejecutare l gasto público.

Guiliani Cury consideró que una medida de esta naturaleza contribuiría a disminuir la corrupción. Actualmente, las personas e instituciones afectadas tienen que ir a través de un largo vía crucis para que se le reconozcan sus deudas. Primero, “convencer” a los funcionarios involucrados en las expropiaciones que se les pague un precio justo. Segundo, que se le pague en efectivo o en bonos el valor tasado de la propiedad y, tercero, conseguir que el Congreso apruebe las leyes de bonos par apagar a los afectados. En el caso de grande sobras de infraestructura, las empresa se ingenieros afectados se han visto en la obligación de “contribuir” a los proyectos políticos del os congresistas para que aprueben los bonos en  cuestión. La inclusión de esta partida en el Presupuesto también abre la posibilidad para que el gobierno desarrolle el mercado de deuda interna en el país. agregó.

“Es decir, en caso de que las autoridades no cuenten con los recursos tributarios suficientes para el pago de las expropiaciones en el mismo año fiscal en que la realizan, podrían incluir en el Presupuesto este monto para ser financiado con bonos a ser vendidos a través de subastas en el mercado nacional”, explicó.

Dijo que para estos fines, el gobierno luego de tener un valor estimado de las propiedades a ser expropiadas, podría pedirle al Congreso aprobar una emisión de bonos por ese valor y que los mismos sean subastados al público en general a tasas de interés de mercado por la Dirección General de Crédito Público.

El gobierno tiene una gran oportunidad de mejorar la gestión presupuestaria, reducir la corrupción administrativa y desarrollar el mercado de capitales internos, si adopta una iniciativa de esta naturaleza, señaló Guiliani Cury.