La investigadora Magdalena Rathe plantea que entre los retos del país para una mayor cobertura en salud están ampliar la definición de pobreza, aumentar el financiamiento público, mejorar el proceso de documentación, promover la formalización de pequeñas empresas, combatir la evasión, e identificar profesionales de altos ingresos para ser incorporados al sistema.
Así lo destaca en el estudio «República Dominicana: Implementando un Sistema de Protección de Salud que no deje a nadie atrás», publicado por el Banco Mundial».
Actualmente la cobertura del Seguro Familiar de Salud alcanza el 70% de la población, es decir, a siete de los 10 millones de dominicanos, por lo que falta afiliar a tres millones. El gobierno se ha puesto como meta llegar al 90% al 2020.
El estudio señala que a pesar del crecimiento económico importante que ha tenido en los últimos 50 años la República Dominicana y a la reducción de la pobreza e indigencia, un porcentaje en edad de trabajar está fuera del sector formal. También que pese a mejoras logradas desde 2001, la red de servicio público, que está legalmente a cargo de brindar atención a la población de menores ingresos, se retrasó en su reestructuración, con serios problemas de calidad, eficiencia y gobernabilidad, por lo cual los indicadores de salud de la población siguen muy por detrás de la mayoría de los países de la región.
Definición de pobres. En cuanto a la definición de pobreza, Rathe, explica que una buena parte de las personas sin cobertura son de las familias al borde de la pobreza, por lo que sería factible ampliar el concepto de pobres más allá del actual en el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) para permitir que un mayor número personas de bajos ingresos sea parte del Régimen Subsidiado.
Sugiere además para ampliar la cobertura, que se mejoren los procesos de registro de los niños dominicanos al nacer, reducir las barreras administrativas y agilizar los procedimientos para declaraciones tardías.
Calidad. Estima que en la agenda pendiente está la protección de los segmentos más vulnerables, en lo cual sigue el problema de la calidad de atención en todo el sistema, principalmente en la red pública. También se requiere un mecanismo de aseguramiento de la calidad que cubra todos los regímenes, pero particularmente el subsidiado.
Apunta que la digitalización de los archivos clínicos puede contribuir a mejorar la gestión de la atención, facilitando la evaluación comparativa de las redes integradas de atención y el seguimiento de los resultados intermedios.
Elusión y evasión. Rathe indica que se necesitan más esfuerzos explícitos para combatir la evasión y la elusión del sistema de seguridad social, incluida la autonomía del Tesoro de la Seguridad Social y la Dirección de Defensa de Afiliados (DIDA). Esto ayudaría a incorporar profesionales independientes de altos ingresos al sistema.
Sugiere buscar alternativas para incorporar el sector informal para identificar a la población vulnerable y la que tiene capacidad contributiva.
Plan básico. Otro aspecto clave de la agenda pendiente, de acuerdo a Rathe, es la revisión profunda del Plan Básico de Salud para introducir coberturas explícitas garantizadas para la prevención y atención de ciertas condiciones de salud que el país considere prioritarias.
Indica que esto implica determinar cuántos recursos se necesitan para lograr una protección efectiva de los pobres a fin de reducir o eliminar las diferencias de financiamiento entre el régimen Contributivo y el Subsidiado y, por lo tanto, aumentar el financiamiento público de este último.
“ Más personas necesitan estar cubiertas, pero la cobertura legal no es suficiente. Es necesario garantizar que los beneficios provistos en el PBS se entreguen, es decir, que los servicios requeridos por la población estén efectivamente cubiertos. Esto también reducirá el gasto de bolsillo”.
Rathe, directora ejecutiva de la Fundación Plenitud, subraya que para que esto sea posible, es necesario monitorear la situación financiera de todas las entidades del sistema, particularmente el Seguro Nacional de Salud (SENASA), y que lleven a cabo auditorías financieras y técnicas de los proveedores de servicios de salud. También que deben revisarse mecanismos de pago ya que se basan principalmente en servicios prestados a nivel hospitalario, lo que tiende a aumentar los costos del sistema.