POR UBALDO GUZMAN MOLINA
Las obras públicas deberían tener un certificado de garantía de durabilidad por 30 años, sobre todo el Metro y la avenida a orilla de los ríos Isabela y Ozama, ya que se construyen sin estudios. El planteamiento fue hecho ayer por el coordinador de la comisión de ciencias naturales y medio ambiente de la Academia de Ciencias, el geólogo Osiris de León.

A su juicio, una obra sin estudios se expone a un riesgo muy elevado, incluido su colapso.

Puso como ejemplo que en Barcelona, España, se cayó un tramo de la línea 5 del Metro, porque no se hicieron estudios geológicos.

“Cuando el Metro esté operando y una de las cavernas por encima de las cuales pasa el Metro colapse, la responsabilidad será de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)”, consideró.

Indicó, asimismo, que si el viaducto se desploma por un terremoto, como también ha ocurrido en otros países, la responsabilidad recaerá sobre la OPRET, por no haber tomado en cuenta el riesgo sísmico del país.

“Lo ideal sería que cada obra que se construya con fondos públicos, el día de la inauguración el contratista le entregue al Estado un certificado de garantía de esa obra con validez de 30 años”, sostuvo De León.

Expresó que de esa manera cualquier contratiempo o falla de esa obra dentro de treinta años, la entidad constructora tendría que asumir todos los gastos.

Propuso a los legisladores que preparen un proyecto de ley para que se le exija a cada contratista de obras públicas un certificado de garantía de calidad y se deje la práctica de ejecutar obras sin estudios para evitar fracasos que se han dado en otros grandes proyectos.

Lamentó que las obras de hoy tengan inferior calidad a las que construyeron los colonizadores españoles hace quinientos años, lo que a su juicio es una vergüenza.

Recordó que el dictador Rafael Trujillo Molina exigía calidad en las obras.

“Si aquí se exigiera una fianza o una póliza de cumplimiento de la calidad de la obra, el Metro no hubiese sido iniciado sin estudios”, dijo.

Señaló que en el caso de la avenida, debajo en la ribera del Isabela hay arcilla y limo, por lo que se hundirá, lo que se acelerará cuando empiece a funcionar.

Insistió en que, en lugar de una avenida, la vía “es un botadero de caliche para poder deshacerse de todo el material que se está excavando para la construcción del Metro”.

Indicó que la idea de construir esa avenida es buena, pero que debió haberse estudiado de modo pormenorizado, tanto al pie del farallón como encima del mismo y determinar cuál era la mejor opción desde el punto de vista técnico, económico y ambiental.

Dijo que no hay una evaluación de impacto ambiental que indique qué  cantidad de material se va a colocar, sus características y en qué medida afectará la flora y la fauna, así como los manantiales y humedales.

“¿En qué país del mundo se ha visto que se construye una avenida marginal a un río sin estudiar las características de los materiales que están debajo?”, se preguntó.

A su juicio, cuando se presenten largos períodos lluviosos y el río suba de nivel se llevará un parte importante del material de la vía, porque, en su opinión, se debió colocar material granular grueso.

Dijo que si se hubieran realizado estudios pormenorizados de esa situación, lo más probable es que en muchos tramos tenían que alejarse de la margen del río, buscando los suelos más resistentes.

“Construir una avenida por ahí puede costar tanto o más que el mismo Metro. Y el volumen de material que se necesita colocar allí para el relleno es superior al volumen que se va a excavar en el Metro”, sostuvo De León.

Dijo que, por tanto, llegará el momento que se agotará el material excavado del Metro y la avenida podría quedarse sin terminar. Respuesta a Diandino De León aclaró que no quiere que la OPRET le solicite estudios para la avenida de la ribera del río Isabela.

“Yo, en lo personal, y mi empresa nunca hemos sido contratistas del director de la OPRET, nunca hemos hecho, por solicitud de él o solicitud nuestra, un trabajo para la OPRET”, sostuvo.

Lamentó que Diandino Peña dijera que el interés suyo al fijar su posición técnica sobre el Metro y la avenida a orilla del río Isabela era económica y comercial.

“Yo nunca en la vida he sido contratista del director de la OPREP y nunca he ido a ninguna oficina pública que se asigne algún trabajo. Las veces que he hecho estudios para instituciones públicas ha sido por solicitud de esas instituciones”, dijo.

Insistió en que no anda por el mercado pidiendo trabajo y que nunca ha sido amigo ni enemigo de Diandino Peña “y, en consecuencia, no puedo aspirar a ser un contratista de la OPRET, porque él y yo nunca hemos tenido ningún vínculo de amistad, ni ningún vínculo político, ni profesional, ni empresarial”.

Expresó que Peña no puede pretender que una persona que nunca le ha saludado aspire a que él le dé trabajo.

“Yo no necesito trabajo de la OPRET. Yo tengo suficiente trabajo en el sector privado para no depender del sector público”, precisó.

Señaló que no está en contra del Metro, ni de su obra conexa, pero quisiera que se hiciera con la mejor calidad y al menor costo para bien de la población y el Estado.

Recordó que el Congreso aprobó al Metro RD$750 millones el pasado 2005 para estudios y que la OPRET debe presentar todas las investigaciones hechas con ese dinero.

“Esos RD$750 millones no fueron para movimientos de tierra, ni para excavaciones, avenidas, vigas o pretensados, sino para diferentes estudios: vialidad, transporte, ambientales y geotécnicos”, dijo.