POR DIEGO PESQUEIRA
La comisión del gobierno que investigó el motín e incendio del pasado 6 de marzo en que murieron 136 reclusos en la cárcel de Higüey recomendó que sean acusados por homicidio voluntario e incendio intencional ocho presos, además de que se suspendan y sean juzgados en un tribunal policial diez agentes, entre ellos siete oficiales.

Asimismo, recomendó la cancelación de los rasos Miguel Ángel Castillo Caba e Ifraín Guerrero González, que con anterioridad a la tragedia del día 6 de marzo, fueron arrestados tratando de introducir celulares y bebidas alcohólicas en la prisión.

La comisión estuvo integrada por el procurador Francisco Domínguez Brito, el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, el jefe policial, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez y el director Nacional de Investigaciones (DNI), mayor general Manuel de Jesús Florentino Florentino.

Con relación al Cuerpo de Bomberos, la comisión entiende que hay versiones encontradas, porque el jefe de bomberos de Higuey alega que fueron requeridos por la Policía a las 12:30 de la noche, pero en su informe no consigna la hora en que llegaron las primeras brigadas y tampoco señala por qué no se percataron de lo que describen como un incendio «de gran magnitud” a pesar de que el cuartel está a unos 50 metros de la cárcel.

LOS PRESOS

Los ocho reclusos señalados como responsables de incendiar la celda Vietnam, disparar contra sus compañeros y causar la muerte de 136 personas, son Jesús María Hernández Mota, Jesuito; José Miguel Remigio Santana (Boina); Rafael Estrella Demesi (Reyito); Domingo Enrique Cuevas Cotes (Cueva); Carlos Félix Gratini Natera (Buche); Enrique Wilamo Guerrero (Vicente); José Ramón García Vallejo (Daewoo) y Antonio Pérez (Barahona).

LOS POLICÍAS

Los agentes que se recomienda suspender y someter al tribunal de Primera Instancia Policial son el coronel Eduardo Alberto Then, el mayor Rafael Genao, los primeros tenientes José Paredes Nicasio, Miguel Meregildo Paredes, Ramón de León Reyes, Alfonso Cedeño Garrido, el segundo teniente Richard Santos de los Santos, los sargentos Wander Méndez Nova y Antonio Marte Rojas, y el cabo Jesús Osiris de la Cruz Rijo.

La comisión entiende que estos agentes policiales actuaron con negligencia y falta de tacto, por lo que corresponderá al tribunal policial determinar las responsabilidades disciplinarías sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan derivarse de la acción pública a iniciar por el ministerio público.

Aunque los investigadores alegan no encontraron elementos que permitan incriminar a los agentes policiales por actuar en contubernio con alguno de los reos para introducir a la cárcel armas, drogas o bebidas alcohólicas.

Sin embargo, entiende que actuaron con una «negligencia y torpeza inaceptables», puesto que en vez de mantener aislado al recluso Estrella Demesi, quien participó en una riña, lo retornaron a su celda, donde posteriormente se dedicó a quemar colchones junto a Gratini Natera utilizando un insecticida envasado a presión en lata y un hidrocarburo disolvente de pinturas.

También consideran que hubo negligencia en la vigilancia de las celdas dado el tiempo que se tomó para abrir el primer candado luego que se supo del fuego, ya que los otros restantes fueron abiertos por los bomberos.

«Igual consideración nos merece el uso de una bomba lacrimógena en una circunstancia en la que al interior de una celda de área reducida, totalmente repleta de personas y con una sola puerta de salida, en momentos en que se produce un incendio», precisa el informe.

LAS ARMAS

La comisión advierte que se deben establecer responsabilidad por la introducción del arma de fuego que fue usada por los reclusos para matar uno de sus compañeros y herir a otros cuatro.

La comisión determinó que el recluso identificado como Jesucito, mató a piros con una pistola calibre nueve milímetros a Miguel Antonio Núñez e hirió a Enrique Donagtor, Carlos Félix Mota Pache, Enrique Wilamo Guerrero y Manolo Sánchez.

CÁRCEL MODELO

La comisión también recomendó al poder Ejecutivo la construcción de una cárcel modelo en La Altagracia, tal y como estaba previsto.

Pidió un plazo de 15 días que permita a la comisión, ampliada con oficiales investigadores de otras dependencias, profundizar sobre el tráfico de drogas y las complicidades que pudiera haber.

También esa comisión debería confirmar si es cierto que un recluso apodado Catela utilizaba una pistola del calibre 22 durante la trifulca.

COMISION POLICIAL

En tanto, otra comisión designada por el mayor general Pérez Sánchez, jefe de la Policía, recomendó el trasladado a otras cárceles de los reos cabecillas y remanentes de grupos que participaron en la trifulca del pasado día 6.

Entre los que propone trasladar están los reclusos Juanito Rodríguez Arias (Livio El Bolo), quien ejerce el control de las celdas denominadas México y Preventiva, y se le atribuye el control y distribución de drogas. Además que sean trasladados todos los miembros de la Policía en Higüey y se designe un personal capacitado en la cárcel.

También recomienda que, en la medida de lo posible, la población de reclusos no exceda la capacidad del recinto.

Recomienda, además, la cancelación del jefe del Cuerpo de Bomberos y todo el personal que se encontraba de servicio en la fecha de la tragedia.

LA PISTOLA

Se determinó que la pistola Caranday, número G36170, que utilizó Jesuito para matar a un recluso y herir a otros cinco, fue robada el día 11 de junio del año 2004 al señor Mariano Guerrero, en Higüey.

El arma fue introducida al recinto a través de la ventana del baño por un hombre identificado solo como El Pequeño, quien fue contactado con una llamada telefónica. El Pequeño habría entrado el arma a la cárcel amarrada a una cuerda, y trepado, supuestamente, en la pared posterior que divide el centro carcelario con un solar baldío.

Jesuito declaró que otros presos utilizaban el mismo método para introducir todo tipo de objetos al penal.

OTRA PISTOLA

Conforme a versiones, Catela, a quien se consideró el lugarteniente de Jesuita y era encargado de vender drogas, tenía una pistola calibre 22, la cual no ha sido localizada luego de la trifulca.

El informe policial esta suscrito por el mayor general José Luis Domínguez Castillo, Inspector de la Policía; el general de brigada Mirojer Reynoso, director Regional Este; el general de brigada Oscar Félix Peguero Hermida, supervisor de cárceles policiales; el general de brigada Juan Ramón de la Cruz Martínez, director de Prisiones; coronel Manuel Castro Castillo, comandante de Inteligencia Criminal, y el coronel Cristóbal Morales, comandante del Departamento de Investigaciones de Homicidios.

EVIDENCIAS

En la celda Vietnam se encontró además de la pistola, el cuerpo de dos bombas lacrimógenas, cinco cuchillos, 42 porciones de marihuana, siete casquillos, cinco proyectiles, dos hojas de serrucho y tres candados.