POR DIEGO PESQUEIRA
El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, propuso ayer que en la reforma constitucional se incluya la posibilidad de que fiscales y defensores públicos puedan ser elegidos al pleno de la Suprema Corte de Justicia y que el titular del Ministerio Público sea incluido en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Calificó como una inconsecuencia cerrar la posibilidad de que los fiscales y defensores puedan llegar a integrar el pleno de la Suprema.

Jiménez Peña entiende que la participación del Ministerio Público en el CNM debe ser por derecho propio y no en calidad de suplente, como se establece en la actualidad.

«Consideramos pertinente dotar de participación directa al procurador general en el CNM. Esto es importante porque supone un punto de equilibrio en su composición futura y asegura una igual oportunidad de acceso de los miembros del Ministerio Público en la integración de la Suprema», precisó.

La propuesta de reforma a la Constitución fue leída por Jiménez Peña en la conferencia nacional del Ministerio Público, titulada «Constitución y Sistema de Justicia», celebrada en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

En el evento participaron todos los miembros del Ministerio Público, así como invitados especiales, entre ellos 13 ex procuradores generales y monseñor Agripino Núñez Collado, César Pina Toribio, el juez Rafael Luciano Pichardo, entre otras personalidades. A juicio del procurador Jiménez Peña la Suprema no puede pensarse como un órgano cerrado a ser integrado sólo por jueces que provengan de la carrera judicial.

Jiménez Peña es de opinión que dado la función de la Suprema como tribunal de casación y constitucional, obliga a su integración plural.

«Así, en un contexto de profesionalización de las diferentes instituciones del sistema de justicia, sería una inconsecuencia cerrar la posibilidad de que los fiscales y defensores puedan llegar a integrar la Suprema», precisó.

En la propuesta de reforma, Jiménez Peña, explica que la igualdad de acceso a las posiciones de la Suprema, sería un incentivo que ayudaría al crecimiento conjunto de las instituciones de la justicia.

Permitiría, además, asegurar una composición equilibrada en el seno del más alto tribunal.

Aclaró, empero, que no se trata de exigir cuotas predeterminadas para la entrada, sino de permitir la carrera abierta para que cualquier miembro del Ministerio Público que goce de las aptitudes y tenga la trayectoria profesional pueda en igualdad de condiciones concursar para acceder a ocupar las plazas de la Suprema.

Alegó que la diversidad de criterios en el seno del alto tribunal sería la mejor garantía de una justicia que cada día irá trillando el camino hacía el reconocimiento de las personas. «No se justifica recurrir al supuesto peligro de interferencia política en la Suprema para blindar su entrada a actores relevantes que podrían potenciar su labor», agregó.

Al presentar la propuesta, Jiménez Peña, enfatizó que debe considerarse, conjuntamente con los jueces de carreras, la integración de juristas, fiscales y defensores en la Suprema como necesidad propia del pluralismo de ideas que está en la base del estado social y democrático de derecho.

PARTICIPACIÓN EN CNM

«El papel estelar que el nuevo proceso penal le reserva al Ministerio Público y una visión del sector justicia como un sistema, aconsejan una participación del Ministerio Público por derecho público en el Consejo Nacional de la Magistratura», indicó.

FORTALECIMIENTO

«El Ministerio Público está comprometido con su fortalecimiento institucional en aras de proveer el servicio público que está llamado a rendir con los niveles de calidad que merece nuestra población», indicó.

Propuso, también, que una reforma constitucional incluya un control en la designación del procurador general mediante una ratificación por parte del Senado, similar a la que se realiza en el seno de los embajadores.

Con esta propuesta, procura, dotar de una especie de blindaje institucional al máximo representante del Ministerio Público, aún cuando sea «un hombre de la confianza política del Presidente», posea la idoneidad necesaria para el cargo a desempeñar y que no pueda ser objeto de presiones indebidas tendentes a su destitución.

Planteó, además, como saludable que los representantes del Ministerio Público, que se desempeñan como adjuntos del procurador general y no provienen del régimen de carrera sean inamovibles durante el período presidencial en el que sean designados.

AUTONOMÍA PRESUPUESTARÍA

También propuso la autonomía presupuestaría y administrativa, por entender que garantizaría el autogobierno del Ministerio Público, propiciando un marco de actuación que no pueda ser afectado por el gobierno central sin necesidad manifiesta.

RESPALDA INICIATIVA

Explicó que la iniciativa presidencial de generar todo un proceso de consultas y reflexiones sobre la reforma de la Carta Magna les ha brindado el escenario para avanzar hacia el afianzamiento del Ministerio Público en su papel estelar como motor de cambio del sistema de justicia penal.

VICE DE SUPREMA APOYA PROPUESTA

El magistrado Rafael Luciano Pichardo, primer sustituto de Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema, calificó como positiva la propuesta formulada por Jiménez Peña, en el sentido de que fiscales puedan llegar al alto tribunal.

No obstante, Pichardo, explicó que la Ley de Carrera Judicial limita esa posibilidad, pero que de producirse esa posibilidad mediante una reforma constitucional, no habría inconveniente es su aplicación.