POR DIEGO PESQUEIRA
La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, integrada por 52 organizaciones de la sociedad civil, pidió ayer al procurador Francisco Domínguez Brito la designación de tres fiscales «especiales» para llevar los casos judiciales de fraudes bancarios que involucran a BANINTER, Bancrédito y Mercantil, para asegurar que los responsables sean debidamente sancionados.

Solicitan, además, que luego de designar a los fiscales «especiales» a la mayor brevedad, se incluya dentro de su trabajo una investigación a fondo de la responsabilidad de las autoridades públicas que tenían como deber evitar la quiebra de los bancos afectados, así como la forma en que condujeron a labor de rescate de los depositantes, con la finalidad de que si es detectada cualquier violación a la ley, se inicien los procesos correspondientes.

En una comunicación, remitida a Domínguez Brito, expresan su decisión de darle seguimiento permanente a los casos de fraudes bancarios, para lo cual explican, será creada una unidad ejecutora, conformada por un equipo que trabajará a tiempo completo, apoyado por tres comisiones de voluntarios en las áreas jurídica, económica-social y de comunicaciones.

«El objetivo de coalición es contribuir a que estos casos se manejen de la manera más transparentes posible, para asegurar que los responsables sean debidamente sancionados, preservando de esta manera la salud del sistema financiero y de la propia sociedad», precisa.

Entienden que los casos de fraudes bancarios se han convertido en casos emblemáticos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, por lo que la suerte de los mismos incidirá directamente sobre los esfuerzos que se realizan para erradicar la corrupción y la impunidad de nuestro ambiente y sobre la esperanza de la Nación de que se produzca un cambio de actitud sobre estos temas.

«No será posible reclamar en la sociedad una conducta apegada a la ley cuando por otro lado aquellos que se han desviado de la misma, perjudicando a la sociedad por cifras que sobrepasan los cien mil millones de pesos, logran escapar a las sanciones que les corresponden», sostienen.

No obstante, aclaran que no pretenden decidir sobre la culpabilidad de ninguna persona, pues esta labor corresponde exclusivamente a los tribunales, pero si ejercer el derecho que posee cualquier ciudadano de acceder a la información sobre los casos y expresar su opinión sobre la forma en que los expedientes son manejados.

Es ante la complejidad de los casos, que la Coalición calificó de atinada la decisión que quedó escrita en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que las autoridades competentes designen un fiscal especial para cada uno de los tres casos, aprovechando que el nuevo Código Procesal Penal lo permite de manera expresa.

Precisan que los fiscales designados aún cuando sean efectivamente supervisados por la Procuraduría, deberán contar con la independencia que se reconoce en el Estatuto del Ministerio Público a los fiscales ordinarios.

Entiende la Coalición que resulta urgente que se seleccionen a estos fiscales especiales para evitar que se puedan encontrar en franca desventaja al enfrentar juicios de fondo sin tener tiempo suficiente para prepararse, sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo Código Procesal Penal deja poco margen para extender los procesos una vez se inicia el conocimiento del fondo.

Las organizaciones que integran la Coalición son Acción Comunitaria Para el Progreso, Cámara Americana de Comercio, Asociación de Abogados Empresariales, Asociación de Jóvenes Amantes de la Paz, Asociación Dominicana de Empresas de Inversiones Extranjeras, Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Cámara Americana de Comercio, Cámara de Comercio Trinidad y Tobago, Cámara de Comercio y Producción de Santiago y Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

También, la Casa de la Cultura de Sábana Perdida, Central General de Trabajadores, Centro Cultural Poveda, Centro de Servicios Visión Mundial, Centro de Educación Ecológica, Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S.J., Centro de Planificación y Acción Ecuménica, Centro de Solidaridad para la Mujer, Centro de Trabajo Popular, Centro Dominicano de Asesoría e Investigación Legal y Ciudad Alternativa

Figuran además, Participación Ciudadana, Club Hermanos Rojas Alou, Club Libertad, Club Unidad y Deporte, Colectiva de Mujeres de Sábana Perdida, Consejo Nacional de la Empresa Privada, Coordinadora de Animación Socio Cultural y Coordinadora de ONGs del Área de la Mujer, entre otras.